La desigualdad social mata. Y no hablamos exclusivamente de la elevada tasa de mortalidad en países subdesarrollados. Los investigadores del proyecto Medea3 confirman que, en 26 capitales españolas, una calle o una vía del tren separan en ocasiones una zona donde sufrir algún tipo de cáncer es hasta un 50% más probable que en el barrio vecino.
La privación socioeconómica es clave en la enfermedad y en la muerte. La pandemia agravará este fenómeno. No hay que olvidar que el crack de 2008 empobreció a las clases medias hasta el punto de que muchos no solo renunciaron a los quince días en un piso en la playa, sino que, en ocasiones, demasiados no pudieron adquirir medicamentos de un tratamiento por falta de recursos económicos. La crisis sanitaria está complicando la existencia a miles de españoles que han pasado de tener problemas para llenar la despensa a ni tan siquiera poder pagar los recibos de la luz o el agua. En la provincia de Cádiz, seis de cada diez desempleados no tienen ningún tipo de prestación y el Ingreso Mínimo Vital va camino de reducir el número de beneficiarios inicialmente previsto a solo la mitad de ellos.
No cabe duda de que la recuperación sanitaria será antes y más rápida que la recuperación económica. Pero, incluso una vez que la actividad eche a rodar, los daños ocasionados en el mercado laboral y las consecuencias sociales de, al menos, doce meses de cierres intermitentes, se dejarán sentir durante años.
El paro de larga duración crece a un ritmo endiablado entre los mayores de 55 años, que tendrán muy complicado volver a tener nómina y ven comprometida, en cualquier caso, su jubilación, y los jóvenes que ya sufrieron la crisis financiera ven frustrados nuevamente sus proyectos personales. Las nuevas generaciones listas para la búsqueda de su primer empleo lo tienen, igualmente, crudo porque el Covid ha provocado una crisis de oferta y demanda de incierta evolución. La desaparición de empresas, el más que presumible y temido tsunami de concursos de acreedores cuando se levante el blindaje de los ERTE, y el endeudamiento obstaculizan igualmente la recuperación. Las consecuencias en la salud se notan ya en el equilibrio mental. Pero el retraso en pruebas diagnósticas hace temer un incremento de muertes por tumores, por ejemplo. La esperanza de vida ya se ha reducido.
Ahora más que nunca es necesario que el Gobierno de la Nación y los gobiernos autonómicos inviertan en sanidad pública y garanticen una atención universal, sin discriminación alguna, y con garantías de acceso a servicios integrales, adecuados y de calidad de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles. No se pueden regatear recursos.
Si está de acuerdo en que no es justo que las infantas viajen a Arabia Saudí para vacunarse contra el coronavirus abusando de sus privilegios y previo pago, piense que, además, su vecino, tal vez usted, yo, no vivamos unos años más porque no podamos acceder a un tratamiento eficaz contra la enfermedad o seamos incapaces de conseguir siquiera un diagnóstico.
