Se constituye el nuevo banco más grande de España y el resultado inmediato es el planteamiento de un ERE para despedir una parte importante de la plantilla. CaixaBank, en concreto, plantea un ERE que afectará a 8.291 trabajadores y cerrará 1.534 oficinas. Pierde la masa laboral y los usuarios de los servicios bancarios, ya bastante torturados por las restricciones claramente abusivas, achacadas a la pandemia. La permanente ley del embudo del sector bancario y de las antiguas cajas de ahorro vuelve a hacer de las suyas. El banco, más absorbido que fusionado, Bankia, recibió de los contribuyentes 24.000 millones de euros de los que se han recuperado 3.000. Ahora los que lo pagaron van a la calle, aunque se busquen los mecanismos menos dañinos desde el punto de vista laboral. Menos trabajo, más adelantos de pensiones, menos servicios en los pequeños municipios. Al final el banco va solamente a cobrar y los ciudadanos trabajando telemáticamente para ellos. No hay un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe.
El ministro de Justicia, José Carlos Campo, le expresó a los ministros europeos de su rama que “España mantiene intacto el Estado de Derecho, sin que se haya adoptado ningún régimen de excepción ni se haya visto afectado el sistema de garantías y derechos de los ciudadanos”. ¿Porque lo dice el ministro? Porque hay partidos españoles que han mantenido que el Estado de Alarma estaba restringiendo derechos fundamentales más allá de lo que la Constitución fija para dicha situación y porque los populares, que llevan dos años y medio impidiendo la renovación de instituciones, taxativamente reglada en la Constitución, culpan al gobierno. Ahí siguen caducados el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La mayoría judicial conservadora ha recurrido a Bruselas solicitando amparo por la ley - ya retirada - que pretendía hacer nombramientos por el parlamento por mayoría absoluta, pero no por dos tercios, es decir, contando con el PP, que es el que se niega a renovarlo. La UE llega a proponer una mediación internacional para proceder a la renovación, que seguramente Ayuso querrá impedir a Casado que se realice tras las elecciones madrileñas, como parte de su estrategia frentista.
El ministro insiste:“Lo realmente importante es que quien está bloqueando la renovación dé un paso atrás y se disponga a renovar los órganos constitucionales”. Lo urgente, siempre esperando, ¿hasta cuándo?
