La Fiscalía de Málaga ha retirado la acusación inicial contra el alcalde de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, por no convocar un pleno solicitado por el grupo municipal popular. Por contra, el PP sí ha mantenido la acusación por delito de prevaricación, según han informado fuentes judiciales.
La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha acogido este jueves la segunda y última sesión del juicio a Moreno Ferrer, para el que la Fiscalía solicitaba inicialmente 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de prevaricación y contra los derechos cívicos.
Ahora, en sus conclusiones definitivas, el ministerio público ha retirado la acusación inicial ya que a la vista del resultado de juicio oral entiende que no existe prueba de cargo suficiente para mantener su escrito acusatorio, han manifestado las fuentes consultadas.
Por contra, el PP, personado como acusación particular en esta causa, sí ha mantenido pero solo por el delito de prevaricación y solicita que se le imponga al alcalde veleño una pena de 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. El juicio ha quedado visto para sentencia.
Los hechos por los que ha sido juzgado el alcalde socialista se remontan a diciembre de 2016, cuando los entonces concejales del grupo municipal del PP en dicho Ayuntamiento presentaron una solicitud para un pleno extraordinario en el que pretendían debatir ocho puntos.
Así, primero se celebró un pleno solo con el punto octavo de los solicitados por el grupo del PP, mientras que la sesión plenaria con todos los puntos no se convocó hasta octubre del año siguiente, tras varios informes de distintos organismo y diversos decretos del alcalde.
Moreno Ferrer declaró que "nunca" se le pasó por la cabeza no celebrar un pleno municipal solicitado por la oposición, aunque apuntó que "otra cosa era cómo celebrarlo", indicando en este punto que siempre actuó conforme a los informes que había. "No tenía interés en que no se debatieran esos puntos", aseguró.
Así, en su declaración relató que hizo caso al primer informe del secretario, que aunque era "farragoso y extenso", señalaba que respecto al punto octavo del orden del día cabría celebrar pleno --lo cual se hizo-- y sobre los otros siete podría requerirse la subsanación por parte del grupo solicitante.
Asimismo, explicó que dictó un decreto con un plazo de diez para que se subsanaran las deficiencias encontradas, dejando mientras en suspenso el plazo para la convocatoria; momento en el que, afirmó que se encontró con "un galimatías jurídico" y aseguró que el secretario no emitió informe en el tiempo requerido.
También señaló que pidió informes a la Dirección General del Ayuntamiento y al Consejo Consultivo y en todos los casos los decretos que emitió se realizaron en función de dichos escritos, "no de forma arbitraria"; insistiendo: "Siempre he intentado celebrar los plenos pero con los informes jurídicos pertinentes".
