La provincia de Cádiz registró en 2019 la mayor cifra de accidentes laborales desde 2011, con 12.638 y 9 víctimas mortales. El primer trimestre de 2020 no apuntaba mejor. Hasta marzo, se contabilizaron 2.692 y seis fallecidos. El confinamiento duro, que conllevó la paralización de la práctica totalidad de la actividad y las restricciones a partir de la desescalada en la segunda y, sobre todo, tercera ola, redujeron el cómputo anual de siniestros a 9.750, casi un 23% menos pero, sin embargo, se contaron 10 muertos, uno más que en el ejercicio anterior. Este fenómeno encendió las alarmas entre los sindicatos que reconocen su impotencia ante las cifras de este año, con los siniestros a la baja, pero con otros seis empleados ya que han perdido la vida en el tajo.
Los dos últimos, la semana pasada. El lunes, Pedro Garrido, presidente del equipo de fútbol Jerez Industrial, falleció mientras reparaba el ascensor de un hotel en Costa Ballena, Rota. El martes, un joven de solo 22 años muy conocido en ambientes moteros de Jerez, sufrió un accidente de camino a su lugar de trabajo, en el desguace Piezamarket, en el polígono industrial El Portal.
“Tenemos que dale una vuelta de tuerca a la situación entre todos”, propone Manuel Franco, responsable de Salud Laboral de UGT Cádiz. “Tenemos que sentarnos la Confederación de Empresarios, la Inspección y los sindicatos”, insiste, porque las cifras sitúan a la provincia tercera en Andalucía, solo por detrás de Sevilla y Málaga, en número de fallecimientos, pese a que la tasa de paro es la mayor de toda España.
Su homólogo en CCOO, Manuel Gavilán, advierte, además, de que en situaciones de crisis como la que vivimos actualmente por la pandemia “lo primero en lo que recortan las empresas es en el empleo, pero lo segundo es en prevención de los riesgos laborales y salud laboral”. La precariedad existente en la provincia lleva aparejada igualmente un mayor riesgo.
Ambos coinciden en que hay que insistir a las empresas en que suministren equipos de protección individual (EPI) y reforzar la formación de los empleados, porque “un trabajador con información hará valer sus derechos”, y de los delegados sindicales que velan por el cumplimiento de la normativa. Y reclaman, igualmente, más recursos humanos para la Inspección Laboral y una mayor agilidad para poder actuar ante denuncias y en sus labores de vigilancia.
