e acabó la polémica y se impone el cumplimiento de la Ley de Costas en la zona de Casería que pasará a contar con un espacio cercano al mar, con paseo para peatones y bicicletas y regeneración de la playa hasta el club náutico. O sea, lo que han venido pidiendo los munícipes de San Fernando desde primeros de siglo y que por una u otra causa -por Costas o por el Ayuntamiento- se ha ido retrasando año tras año.
La Demarcación de Costas no va a dar su visto bueno a la figura de declaración de interés público que pedía el Pleno municipal, puede comenzar cuando quiera a derribar las casetas de pescadores -incluidas las de los únicos siete pescadores que se han acreditado como tales- y si no lo hace es porque tiene que esperar las decisiones judiciales ante los recursos que han presentado los propietarios de La Corchuela y el Bartolo. Por cierto, la concesión a este establecimiento se concedió sin conocimiento de Costas, de ahí que pida a la Junta que la anule.
El proyecto de Costas está ultimado a expensas de lo que quiera aportar el Ayuntamiento y se estima que va a costar un millón de euros poco más o menos.
Ahora queda el plan B y el Ayuntamiento sólo tendrá que construir siete casetas. No medio centenar como se defendía que pertenecían a pescadores.
Lo único que queda son las protestas políticas de la oposición que harán causa común contra el Gobierno porque aún queda declaración de interés general después de que la Junta haya comenzado a tramitarla hoy mismo tras decir que no había recibido comunicación al respecto. Comunicación que como demostró este periódico, tiene en sus manos desde el mes de diciembre de 2020. Durmiendo el sueño de los justos.
