Un mes más, el debate de las mociones que los diferentes partidos políticos llevaron al Pleno volvió a hacerse difícil de digerir. Con intervenciones interminables, prácticamente sin control de tiempo, y con turnos de réplica y contrarréplica por doquier para todo el que quiso hacerlo, no extrañó que la duración de la sesión se acercara hasta las cinco horas, lo que llevó al alcalde a pedir, en su última intervención, una reflexión habida cuenta de que el desarrollo de un pleno en esas condiciones de extensión de tiempo, no invita al seguimiento masivo por parte de los vecinos y vecinas, sino más bien todo lo contrario.
De hecho, precisamente hace unos meses se aprobó una modificación en el reglamento que pretendía agilizar la duración de los plenos, algo que, visto lo visto, parece papel mojado, ya que se ha pasado de empezar a las ocho de la tarde y acabar a la una de la madrugada, a empezar a las siete de la tarde y acabar al filo de la medianoche.
Sobre las mociones propiamente dichas, se aprobó la conjunta suscrita entre PSOE e IU de apoyo al movimiento LGTBI, que también contó con el apoyo del PP. Asimismo, salió adelante la presentada por IU, apoyada por el grupo municipal socialista, contra la subida del coste para las familias del comedor escolar y otros servicios complementarios de la educación pública andaluza. Del mismo modo, se aprobó la moción de IU y PSOE por la defensa de la actividad y continuidad de Disgenil y Afasur Genil, a la que se adhirió el PP con su voto favorable; y la presentada por las dos primeras formaciones también en defensa de la ley de memoria histórica y democrática, que contó con el rechazo de los populares. Igualmente, fue aprobada la moción conjunta en apoyo a los proyectos de las comunidades de regantes de Puente Genil y de la provincia de Córdoba.
Por otra parte, el PSOE tumbó la moción del PP relativa al compromiso para completar el inventario municipal de caminos rurales dentro de 2022, por entender que ya se está trabajando en este ámbito, y también se rechazó la moción de los populares en la que se instaba al Gobierno de España a bajar el precio de la luz actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios.
