La conversión de uno de los módulos de la prisión de Puerto III en mixto ha acrecentado la preocupación de internas y trabajadoras de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra, una de las cuatro de España, que espera desde hace unos meses aclarar su futuro. A finales de noviembre, trascendieron los planes del Ministerio del Interior para cerrarla y reconvertirla en un psiquiátrico con capacidad para medio millar de usuarios. Si bien es cierto que el Gobierno apuntó en respuesta parlamentaria a las diputadas del PP Teresa Jiménez-Becerril y María José García-Pelayo en enero de este año que “en la actualidad se están valorando distintas posibilidades”, pero “no existe ninguna decisión tomada al respecto”, el traslado de las madres que convivían con sus hijos menores de tres años a los centros de Ávila, Madrid y Alicante, y la subocupación, con menos de un centenar de reclusas para unas instalaciones diseñadas para 260, hacen temer lo peor.
“Ha habido visitas de técnicos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias pero no se ha concretado nada”, asegura, al respecto Alejandro Caballero, representante de Acaip UGT en Sevilla. “No sería novedoso que hombres y mujeres compartan espacios”, aclara, pero comprende la preocupación por la incertidumbre. “Quizá se haga alusión a los planes definitivos en el concurso general de traslados” que se publicará durante el mes de julio, especula.
Belén Agredano, profesora en la prisión Alcalá de Guadaíra, teme que el desenlace sea imprevisto y drástico, como cuando salieron las madres a mediados de octubre. “Una de ellas había sido sometida a una cesárea solo dos semanas antes”, recuerda sin ocultar si indignación porque “aquí funcionamos perfectamente”, con una oferta formativa y para la reinserción expresamente diseñada para las reclusas. No en vano, el Ministerio de Igualdad premió uno de sus programas, Sermujer.es, por su lucha contra la violencia de género en noviembre pasado.
Si se confirma el cerrojazo, advierte Maribel Cabello, quien fuera directora del centro hasta agosto del año pasado, “estaríamos dando un paso atrás de 30 años”. Cabello recuerda que esta prisión comenzó a dar servicio en 1992. “Costó mucho y -remarca- desempeña un papel muy importante porque se forma a formadoras, estas mujeres educan a sus hijos y a sus maridos, a sus familias”. Por otra parte, alerta de que pueden utilizarlas en módulos mixtos por parte de los directores de los centros penitenciarios “para motivar a los hombres”, o pueden caer en las redes “de cualquier kíe (líder que maneja a reclusos que le hacen favores a cambio de protección)”.
“Fuera de allí, estamos condenadas a comer mucho patio, y en el patio no se consigue la reinserción”, advierte una de las internas, desesperada porque el Gobierno, “al que se le llena la boca con la igualdad”, no renuncia a sus planes expresamente. “No le resulta rentable, pero los traslados perjudican a familias y privan a las presas de recibir una atención más humana que las prepare para el día después de la puesta en libertad”, concluye.
