Por activa y por pasiva. Rodrigo Alonso, parlamentario andaluz de Vox, defiende “que los menores que entran de forma ilegal tienen que estar con sus familias”. Alonso celebra que la justicia avale el cartel que la formación de Santiago Abascal instaló en Madrid durante la campaña de las elecciones autonómicas en las que comparaba el coste de un menor extranjero no acompañado (mena), unos 4.700 euros según cálculos de la formación, con la pensión media de una abuela, en torno a los 426 euros. “Entra dentro de la legalidad y no supone un delito de odio ante cualquier colectivo, que es lo que quiere vender la izquierda progre de este país”, apunta. Y sostiene que el propio fallo “recoge que la inmigración ilegal es una problemática nacional e internacional que está presente en España” y muy especialmente en Andalucía.
En nuestra comunidad, añade, “tiene varios agravantes. El principal es que somos la puerta de entrada para las embarcaciones ilegales que llegan desde Marruecos y Argelia”. Durante la semana pasada , calcula, han alcanzado la costa andaluza 550, y de ellos, 405 en Almería, lo que ha llevado a Vox a presentar una iniciativa urgente contra la llegada masiva de inmigrantes.
Todo ello está causando “episodios de desorden, inseguridad e ilegalidad”, advierte, por lo que pide al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que actúe ante “la pasividad del Gobierno social comunista”.
“Desde Vox siempre hemos defendido la necesidad de controlar y regular los movimientos migratorios, que se realicen dentro de la legalidad, de tal forma qque no contribuyan al negocio de aquellos que se benefician del tráfico ilegal de personas”, afirma. Por otro lado, “ante la invasión migratoria, bloqueo naval”, propone de manera tajante. “El Estado debe defenderse con todos los medios y establecer un blindaje de fronteras”, justifica.
E insiste en que la Administración autonómica evite “realizar un efecto llamada para acoger a los menas en nuestra región”, como en el caso de la última crisis en Ceuta. “Así lo hizo la consejera Rocío Ruiz -subraya-, la misma que unos meses antes pedía ayuda al Gobierno central, ya que la situación estaba desbordada en Andalucía y reconocía no tener la capacidad de acoger a más inmigrantes ilegales”.
Además, agrega, “pone a disposición de los inmigrantes ilegales que llegan infraestructuras que pertencen a la Administración andaluza rehabilitados para tal efecto y que anterioremente se utilizaban, por ejemplo, para el ocio de los jóvenes andaluces”. Todo ello, remarca, pese a que “se destinan 9.813 euros por plaza de acogida y una media de 1.500 euros por plaza ocupada por un mena en un dispositivo de emergencia”.
