Antes de que perdiera definitivamente la memoria, mi abuela paterna Lola Castillo me confesó en varias ocasiones el hambre y el frío que pasó cuando, con tan sólo 5 añitos, viajó durante 9 días de Málaga a Almería sorteando bombas y cadáveres. Pasaron muchos años después de mi mayoría de edad para que ella se sintiera liberada de contarme muy poco a poco los horrores que vio y que sufrió en la cruenta Desbandá. Vivía feliz en Teba -conocida como Rusia la Chica- hasta que se vieron obligados a huir porque los nacionales se cebaron con esta localidad por ser el único pueblo andaluz donde triunfó la revolución antifranquista. Mi bisabuelo paterno fue asesinado y ocultado para siempre –nunca se encontraron sus restos-, mientras mi bisabuela huía con sus cuatro hijos: Matías de 9 años, mi abuela y sus dos hermanos pequeños de apenas unos meses de vida. Los bebés murieron en la masacre. EL primero al caérsele a mi bisabuela de un brazo por la onda expansiva de una bomba y el segundo por inanición porque del susto y el dolor de perder al primer gemelo se le cortó la leche del pecho y no pudo amamantar más a la otra criatura.
Es una estampa despiadada de lo que perpetró el franquismo en La Desbandá, ordenada por el sanguinario Queipo de Llano y ejecutada por tres buques (Canarias, Baleares y Cervera) que inundaron de bombas una travesía del infierno en la que convirtieron una huida de peligrosísimos ancianos, mujeres y niños. Los almirantes golpistas que capitaneaban esas naves, que segaron la vida de casi 5.000 andaluces en una carnicería de lesa humanidad, fueron Juan Cervera Valderrama y Francisco y Salvador Moreno Fernández.
Inexplicablemente, 87 años después de su hazaña exterminadora, estos tres genocidas siguen enterrados con honores en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando (Cádiz), sin que el Ministerio de Defensa ni el Ejército español hayan cumplido todavía, mucho tiempo después de su aprobación, la Ley de Memoria Democrática. Resulta desolador cómo la historia se repite: la impunidad de la Armada que no ha retirado los restos de estos criminales como le obligaba esta norma al igual que años atrás le costó un mundo a Capitanía General de Sevilla retirar el retrato de Queipo, el despacho del general asesino del Museo histórico militar y a la Hermandad de la Macarena los restos de este genocida.
Señora ministra de Defensa, Margarita Robles, deje, por favor, de permitir la insumisión de su ministerio y de sus ejércitos con una Ley y con unos asesinos que no merecen ningún tipo de honor como el que usted está permitiendo.
