La empresa investiga por el transporte y acopio de residuos con "potencial tóxico" durante al menos 12 años en Roquetas de Mar (Almería) se enfrenta a una sanción de hasta 2,4 millones de euros por una presunta infracción muy grave conforme a la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de la Junta de Andalucía en el marco del procedimiento sancionador abierto por la Administración autonómica.
Fuentes del Gobierno andaluz han indicado a Europa Press que a lo largo de la última década se han efectuado hasta nueve actuaciones por parte de los agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, entre denuncias e informes, en relación a las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la mercantil investigada.
En este sentido, desde la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul han incidido en las "dificultades" en la instrucción de los expedientes derivadas de los "cambios de denominación social de la empresa", lo que ha obligado a reactivar algunos de ellos una vez que se daban por caducados.
Con ello, el último procedimiento sancionador se inició el pasado 19 de agosto ante la presunta comisión de una infracción muy grave y otra grave. Así, el acuerdo de inicio incluye como medida cautelar la prohibición de seguir recibiendo en la parcela cualquier tipo de residuos.
La resolución del procedimiento sancionador conllevará, además de la multa correspondiente --que abarca de 240.401 a 2.404.000 euros para la infracción muy grave-- la obligación de restaurar el daño causado, entregando los residuos acumulados a gestores autorizados.
De forma paralela a la actuación administrativa, un juzgado de Roquetas de Mar mantiene abierta una investigación judicial a partir de los informes elaborados por el servicio del Seprona de la Guardia Civil por la acumulación de residuos procedentes de invernaderos tales como plásticos, restos de fitosanitarios, abonos e incluso sobrantes de producciones hortofrutícolas sin el "preceptivo instrumento de prevención medioambiental".
En este ámbito, la entidad se enfrenta a un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por el "permanente" transporte y depósito de residuos líquidos y sólidos, tanto peligrosos como no peligrosos, en una finca en la que se encontró una gran acumulación de basuras, conforme se constató en imágenes la pasada primavera.
Además, la investigación efectuada en el último año ha permitido detectar la presencia de compuestos y residuos contaminantes que podrían derivar en afecciones a las personas. En la inspecciones se comprobó además el derrame de vertidos que, dado su "potencial tóxico" en las balsas y zanjas en las que habían sido arrojados, "podrían estar causando un daño sustancial al suelo y las aguas subterráneas", ya que la superficie no contaba con "ningún tipo de tratamiento o impermeabilización".
