La Fiscalía va a solicitar penas de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación especial para cargo público para el exalcalde socialista de Bédar (Almería), Miguel Barón, a quien acusa de autorizar en 2003 la construcción de una viviendas unifamiliar sobre suelo no urbanizable y de especial protección al estar enclavado en Sierra Cabrera, declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC).
En la causa, el juez también ha ordenado la apertura de juicio oral contra un matrimonio de residentes británicos, P.G.M. y A.M. en calidad de promotores; el constructor, J.G.M.; y el director técnico del proyecto y de la obra, F.A.G.G., por delitos contra la ordenación del territorio por los que se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel. Al exregidor se le imputa prevaricación al considerar que concedió la licencia "a sabiendas de su injusticia".
El fiscal acusa también a F.A.G.G. de un delito de falsedad ya que, según remarca, emitió un informe-certificación en el que afirmaba de manera "mendaz" que, en la parcela en la que se iba a edificar, existía un inmueble "en estado ruinoso de unos 60 años de antigüedad" y de este modo, justificar la concesión del permiso municipal de rehabilitación para acometer la obra. Por este delito pide multa de diez meses con una cuota diaria de 18 euros.
Según recoge el escrito de calificación, al que ha tenido acceso Europa Press, los cuatro acusados implicados en la construcción de la vivienda decidieron en 2005 usar para edificar la licencia de rehabilitación que había concedido Miguel Barón al anterior propietario "pese a los informes contrarios de los técnicos y del secretario del Ayuntamiento" y a sabiendas de su injusticia ya que, remarca, "tenía conocimiento de conforme a la legislación vigente el suelo era no urbanizable".
La parcela, propiedad del matrimonio británico y situada en el paraje 'La Carrasquica' de Bédar, estaba calificada como sueno no urbanizable común por las Normas Subsidiarias (NNSS) con la "consideración de especialmente protegida por la legislación específica al quedar incluida dentro del ámbito de la Sierra de Cabrera, catalogada Lugar de Interés Comunitario (LIC)".
El fiscal interesa, asimismo, la demolición de la vivienda, que si bien no se finalizó, ocupa una superficie de 240 metros cuadrados, aunque afecta a 800 metros cuadrados, y pide que asuman el coste todos los acusados a excepción de regidor. Solicita, en esta línea, la nulidad de la escritura de obra nueva, de la inscripción en el Registro de la Propiedad y de la licencia de obras otorgada por el Ayuntamiento para rehabilitar la vivienda existente.
