La Fiscalía ha solicitado al Decanato de los Juzgado de Vera (Almería) que se abra procedimiento penal para investigar presuntas irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Carboneras en materia de Urbanismo ya que considera que podrían suponer "uno o varios delitos contra la administración pública".
El decreto del Ministerio Público, consultado por Europa Press y que llega tras una denuncia previa, interesa, asimismo, que se pida por parte del juzgado instructor a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial el atestado que ya le solicitó y que aún no ha sido confeccionado.
Las presuntas irregularidades recogidas en la denuncia que dio lugar a las indagaciones de la Fiscalía, a la que acompañan varias actas de juntas de gobierno local, hacen alusión a que el Ayuntamiento de Carboneras, presidido por el independiente Salvador Hernández (Gicar), habría estado "adjudicando" desde 2011 "una serie de trabajos de naturaleza urbanística" a la "misma" mercantil a la que adjudicó ese mismo año la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El Ministerio Público ha solicitado, asimismo, que se investigue si, tal y como sostiene el denunciante, una trabajadora de esta empresa habría "firmado, como arquitecta", una "serie de informes técnicos en expedientes municipales de licencias de obras y similares como si fuera técnico municipal".
En tercer lugar, indica que el arquitecto municipal habría "informado expedientes municipales" que afectaban a la mercantil sobre la que gira la denuncia "mientras que --añade-- la arquitecta de la empresa, también como técnico municipal habría informado expedientes urbanísticos y de obras con proyectos elaborados por el hijo del primero".
El Ministerio Público entiende que, "al menos en este momento" de la investigación, "no es descartable" que las supuestas irregularidades denunciadas, así como lo que describe como "confusión de intereses" puedan tener "relevancia penal".
En esta línea, señala que está "justificada" la incoación de un procedimiento penal para comprobar los hechos denunciados y también para "averiguar sus responsables y valorar su repercusión penal" ya que, según concluye, "pueden ser constitutivos de uno o varios delitos contra la administración pública".
Matiza la Fiscalía que, en esta fase, no "está determinada la personas o personas denunciadas" si bien anticipa que "habrán de serlo el cargo o cargos públicos del Ayuntamiento de Carboneras o personas externas que hayan participado en los mismos".
Por último, y ante la "inminente" entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, interesa que se declare "complejo" el procedimiento para que el plazo de instrucción inicial sea de 18 meses y alude a que esa complejidad deriva de la "diferente documentación y periciales que durante la instrucción habrán de incorporarse, la existencia de varios hechos punibles y de la posible existencia de varios investigados".
La mercantil sobre la que gira la denuncia era la protagonista de algunos de los expedientes cuyo acceso solicitó de manera reiterada el grupo municipal del PSOE de Carboneras, que, a su vez, denunció al alcalde por negarse presuntamente a facilitar información sobre estos expedientes y otras actuaciones del equipo de gobierno.
La denuncia derivó en causa penal con apertura de juicio oral dictada en mayo y por la que Hernández se enfrenta a una petición fiscal de tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como supuesto autor de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos.
