La Fiscalía solicita penas de cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial para el subinspector de la Policía Nacional y dos agentes adscritos a la Oficina de Extranjería de Almería acusados de facilitar y agilizar la obtención de autorizaciones de residencia a cambio de dinero en el marco de una presunta trama que fue desarticulada en abril de 2009.
Los tres serán enjuiciados por un jurado popular junto a otros cinco procesados, entre los que figuran un funcionario de la Oficina de Extranjería, para quien también pide inhabilitación durante ocho años, los tres responsables de la asesoría 'R&M', y el hijo del subinspector de la Policía Nacional, a quien el Ministerio Público atribuye la función de "mediador" entre la citada asesoría y los funcionarios públicos.
A todos les imputa la supuesta comisión de un delito continuado de cohecho por el que pide cuatro años de cárcel mientras que a uno de los tres socios de 'R&M', J.M.A.G, le acusa, además, de un segundo delito continuado de cohecho en concurso medial con un delito, también continuado, de falsedad en documento mercantil ya que, durante la investigación, se destapó una segunda trama que dedicaba a obtener para empresas y particulares certificados fraudulentos de estar al corriente con las obligaciones tributarias.
En concreto, por esta segunda supuesta trama se sentarán en el banquillo, además del asesor, otros cinco procesados entre los que figuran un funcionario de la AEAT en El Ejido (Almería), quien habría expedido los citados certificados, tres empresarios y un cuarto agente de la Policía Nacional, en concreto un inspector jefe, al que le habrían solucionado una deuda personal con el fisco que ascendía a unos 10.000 euros. Para todos ellos interesa penas de seis de años de cárcel.
El escrito de calificación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que, desde agosto de 2008 y hasta finales de marzo de 2009, los tres administradores y socios de la asesoría 'R&M', identificados como J.M.A.G., R.F.V., y M.F.D., estuvieron presuntamente pagando cantidades de dinero al subinspector P.L.G., los dos agentes en segunda actividad A.C.H. y M.G.R., así como al funcionario de la Oficina de Extranjería J.V.C.C. con la finalidad de agilizar y facilitar la obtención de autorizaciones y tarjetas de residencia.
En concreto, indica que el objetivo era que los empleados públicos, a cambio de esas contraprestaciones, les diesen en pocos días las citas denominadas 'W' para ciudadanos extranjeros a los que se expedía la tarjeta de residencia una vez que se les había concedido la autorización --lo que se conoce como 'poner la huella'--; conseguir la tarjeta de residencia sin cita u obtener la expedición de los certificados de registro comunitario "sin la presencia del interesado, sin cita y sin certificado de empadronamiento, requisitos indispensables en este trámite".
El Ministerio Público asegura que, para esto, los asesores encausados cobraban a los ciudadanos extranjeros cantidades "superiores a las normales" y que oscilaban entre "los 100 y los 200 euros, siendo parte de este dinero --añade-- el que destinaban a pagar a los funcionarios de extranjería para conseguir su propósito".
En la supuesta trama el hijo del subinspector de Policía, F.D.L.P., habría actuado de "intermediario" entre la asesoría y la Oficina de Extranjería ya que, según detalla el escrito, en "numerosas ocasiones era la persona encargada de entregar y de recibir la documentación, los números de las citas, de colar a los extranjeros para conseguir las tarjetas de residencia y de recibir el dinero de 'R&M' para entregarlo a los funcionarios en contraprestación por sus gestiones irregulares".
El fiscal atribuye a cada uno de estos funcionarios uno función. Así, a P.L.G. le correspondía supuestamente el facilitar las citas para la expedición de la tarjeta de residencia, hacer este trámite sin cita y expedir certificados, también sin cita, de registro comunitario sin presencia del interesado y sin empadronamiento mientras que A.C.H. "realizaba el trámite de otorgar la tarjeta de residencia sin cita o adelantando esta".
El tercer policía, M.G.R., según desgrana, otorgaba tarjetas de residencia y expedía certificados de registro comunitario "sin cita y de forma irregular", trámite este último que "llevaba a cabo el funcionario J.V.C.C.".
HOJAS "ARRANCADAS" EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
El escrito de acusación remarca que la contabilidad de la asesoría ejidense muestra que, en enero de 2009, ingresó 2.140 euros de los que "1.050 fueron destinados a los funcionarios"; que en febrero, se destinó idéntica cantidad de 1.750 euros ingresados y que, en agosto de 2008, la cuantía fue de 988 euros.
Añade que, en el caso de la expedición de certificados de registro comunitario, entre diciembre de 2008 y marzo de 2009, 'R&M' habría ingresado 2.860 "de la que, parte, fue destinada a los funcionarios" y subraya que es la cantidad mínima que consta habrían recibido "porque los libros de contabilidad de la asesoría tenía hojas arrancadas y, por tanto, no se ha podido contabilizar lo entregado en varios meses de los años 2008 y 2009".
"Los tres asesores y el intermediario hicieron todos los actos imprescindibles para que los funcionarios públicos quebrantasen los deberes propios de sus funciones con las gestiones irregulares que hacían a cambio de dinero", concluye.
CERTIFICADOS FRAUDULENTOS PARA TAPAR DEUDAS CON LA AEAT
La segunda de las tramas que se va a enjuiciar, y que afecta a la Agencia Tributaria, tiene como denominador común a uno de los administradores y socio de 'R&M', J.M.A.G., quien, junto con su primo J.M.M.G. y un tercero identificado como J.A.C.L., se dedicaban presuntamente a "captar a particulares y a empresas que tenían deudas" con el fisco para ofrecerles "obtener certificados de estar al corriente en las obligaciones tributarias a cambio de cantidades de unos 300 euros".
El Ministerio Público señala al funcionario de la AEAT en El Ejido J.M.C.P. como la persona "que los expedía, elaborando certificados del tipo indicado y recibiendo parte del dinero cobrado por los otros tres acusados". Para él, además de la pena de seis años de cárcel, interesa 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Para los 15 acusados tras la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción 6 de la capital, la Fiscalía pide multas que oscilan entre los 12.000 y los 3.000 euros.
En la causa también están procesadas cuatro personas que se beneficiaron supuestamente del fraude: el inspector jefe de la Policía Nacional F.R.R., quien "tenía deudas como particular en la AEAT de unos 10.000 euros" y los empresarios L.R.C., J.M.G. y P.M.L.
Considera el fiscal que todos ellos "realizaron todos los actos imprescindibles y proporcionaron todos los datos necesarios al funcionario encausado para que este expidiera los certificados referidos, conociendo su condición y aprovechándose de que podía realizar esta gestión".
En la vista oral, que se va a celebrar en la Audiencia Provincial de Almería, están citados a declarar en calidad de testigos 15 agentes de la Unidad de Asuntos Internos cuya investigación, iniciada en 2008 aunque explotó en abril de 2009, permitió destapar la presunta trama corrupta, así como cuatro ciudadanos extranjeros a los que les habrían cobrado por la agilización de estos trámites.
