La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha dispuesto este viernes el traslado a cárceles más próximas al País Vasco de otros tres presos de ETA que cumplen condena por delitos de terrorismo, entre ellos los asesinos de Ernest Lluch y Tomás Caballero, presos en Almería.
Así, Prisiones ha dispuesto el traslado de dos presos de ETA hasta la cárcel de León. Uno de ellos es José Ignacio Cruchaga Elezcano, actualmente en Almería. Ingresó en prisión el 16 de enero de 2001 y cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de atentado, asesinatos y homicidio, entre otros. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en julio de 2023.
En 2002 la Audiencia Nacional le condenó a 54 años de prisión como responsable del asesinato de Juan Miguel Gervilla y a 33 años de prisión como autor del asesinato de Ernest Lluch. Además, en el 2003 fue condenado a 34 años y seis meses de prisión como autor del atentado que acabó con la vida de José Luis Ruiz Casado.
La Secretaría General ha resuelto su progresión a segundo grado, al igual que para Francisco Ruiz Romero, que también irá a León desde la cárcel de Murcia II. Ingresó en prisión el 25 de febrero de 2002 y cumple una condena acumulada de 30 años y 15 días por atentados, asesinato, depósito y tráfico de armas y lesiones.
Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en diciembre de 2025 tras ser condenado a 30 años de cárcel por el asesinato en 1998 de Tomás Caballero en Pamplona.
Alberto Viedma Morillas, por su parte, que también está en la cárcel de Almería, irá a la de Topas (Salamanca). Ingresó en prisión el 4 de marzo de 2002 y cumple una condena acumulada de 30 años por los delitos de asesinatos, homicidio en grado de tentativa, pertenencia a banda armada y depósito y tráfico de armas. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en noviembre de 2022 y ha sido progresado al segundo grado.
En su caso, en 2003 fue condenado a 30 años de prisión como responsable del asesinato de Tomás Caballero y luego a 30 años como autor del asesinato de Francisco Casanova. También fue condenado por el intento de homicidio del subteniente del Ejército José Díez Pareja en la localidad navarra de Cizur Mayor en 2001.
TRASLADO DE 'ANBOTO'
También será trasladada a Álava María Soledad Iparraguirre Guenechea, 'Anboto', la histórica exjefa de la banda con varias condenas recientes y causas abiertas en la Audiencia Nacional.
Según ha informado la institución dependiente del Ministerio del Interior, Prisiones ha dispuesto el traslado de Iparraguirre "por razones judiciales y en calidad de presa preventiva". Estaba interna en Madrid I y va a ser enviada a la cárcel de Álava.
La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha criticado el acercamiento para una terrorista con su historial delictivo y varias causas aún pendientes con la justicia, en las que están personados como acusación popular. "Va a ser acercada con sus familiares sin haber colaborado con la justicia y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento, algo que ya hemos podido comprobar en primera persona en nuestra asociación en sus últimos juicios", recuerdan.
A diferencia de su pareja Mikel Albisu, 'Mikel Antza', Iparraguirre sí tenía causas pendientes en España como la colocación en 1987 de un artefacto explosivo trampa a las puertas de un bar de una localidad guipuzcoana de Escoriza, con el que buscaba causar la muerte de los guardias civiles que acudiesen a desactivarlo.
En abril fue absuelta de haber participado en 1985 en la colocación de un coche bomba en las inmediaciones del polideportivo de Mendizorroza, en Vitoria y un mes antes fue condenada por la Audiencia Nacional a 61 años de cárcel por ordenar dos acciones terroristas.
Esas dos sentencias condenatorias se sumaban a la condena, ya firme por el Tribunal Supremo, que confirmó 122 años de cárcel por ordenar y facilitar material para cometer otro atentado, el del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado en 1995 en León.
'Anboto' --que prestó su voz para comunicar el final de ETA-- ha sido absuelta también en relación al atentado cometido en julio de 1997 contra una comisaría de Policía en Oviedo al entender que no había prueba de que participara en la entrega de material explosivo a un comando de la banda terrorista. La AVT recuerda que aún le quedan seis juicios por celebrar.
