La Inteligencia Artifical (IA) ha tenido un especial protagonismo en el Congreso Internacional de la Lengua celebrado en Cádiz. La ministra Nadia Calviño ha celebrado los avances en el desarrollo de esta nueva tecnología y ha expresado el compromiso del Gobierno de España para que la IA piense en español, signifique lo que signifique eso. También ha dicho que es una gran oportunidad de negocio. Que lo es. Pero no dedicó ni un minuto a valorar las implicaciones sociales y éticas de la colonización de todas las esferas de la vida privada de los ciudadanos por parte de la IA. Como si no temiera que el móvil pueda convertirse definitivamente en arma de manipulación masiva.
Las fotografías viralidazas esta semana en redes sociales con el Papa vistiendo un extravagente abrigo de Balenciaga, Trump detenido y Elon Musk caminando de la mano de la política estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez son falsas, productos de la IA generativa, con el único objetivo de desinformar.
¿Es posible frenar el desarrollo de esta tecnología disruptiva? No, no lo es, porque el futuro tecnológico está en manos de grandes corporaciones privadas e Internet no tiene límites, hay espacio suficiente para que iniciativas particulares o colectivas de menor tamaño con malévolos intereses nazcan, crezcan y, conseguido su objetivo, desaparezcan sin dejar rastro.
Ante la alocada carrera tecnológica emprendida sin control, hace falta más Estado. Calviño, que piensa en votos, se limitó a contar en la capital gaditana cuánto dinero va a invertir el Gobierno de España en subirse al carro de la “revolución digital”, signifique lo que signifique eso. Y nada más. De manera que, ante la amenaza y el asedio sin rostro que sufrimos todos los días y a todas horas con el contenido que visualizamos en nuestro dispositivo móvil solo queda la autoprotección, que básicamente consiste en desconfiar de todo cuanto leemos en la pantalla. A partir de ahí, se hace más necesario que nunca contrastar la información. Y, en caso de que el bulo sea difundido por un medio de comunicación, penalizarlo.
Porque los medios de comunicación, no solo el Estado, tienen responsabilidad. La información de calidad debe prevalecer ante los criterios economicistas del periodismo en redes sociales y web. Si los editores caen en la trampa de medir los clics en número y no en la calidad de los mismos, mientras tomen decisiones los frívolos dispuestos a sacrificar los nobles valores de la profesión por contenido viral irrelevante, anecdótico o simple y llanamente falso, estamos perdidos. Hace falta personal, volver a dignificar la profesión, exigir contenido de calidad, con información contrastada, fuentes autorizadas o de relevancia, que haga las preguntas correctas en lugar de pontificar.
En este sentido, las administraciones públicas deben utilizar un criterio para repartir la publicidad institucional que trascienda las cifras de audiencia. Y las empresas privadas deben optar por medios de comunicación y no por esa tontería del periodismo ciudadano o plataformas que tienen detrás a un tipo en pijama en su casa copiando y pegando textos o dándole pábulo a cualquier mentira para que el usuario pique.
