En un contexto donde la Dirección General de Tráfico (DGT) ha intensificado sus medidas de control, aflora un polémico asunto. Un fallo detectado en los radares veloláser podría estar brindando a los conductores la posibilidad de librarse de las multas por exceso de velocidad. Esta revelación puede tener amplias implicaciones, tanto legales como financieras, y plantea preguntas sobre la legitimidad de numerosas sanciones impuestas.
El pasado año 2022, la DGT recaudó aproximadamente 507 millones de euros a través de multas, marcando así la cifra más elevada en la última década. Sin embargo, los problemas con los radares veloláser podrían arrojar sombras sobre esta recaudación. El fallo, descubierto y llevado a juicio en 2020 por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), señala que el soporte sobre el que se apoyaba el radar no estaba debidamente homologado y que, por tanto, la medición de la velocidad podría no haber sido exacta.
En el mencionado caso, el Juzgado de lo Contencioso de Madrid falló a favor del conductor, cuya sanción fue revocada, obligando a la DGT a devolver los 300 euros abonados por la multa. Este fallo establece un precedente relevante y deja en evidencia que la DGT no había garantizado la aptitud del soporte utilizado, incumpliendo con normas establecidas por la Unión Europea que dictaminan la posición correcta de los radares.
A este fallo se le suman otros errores documentados, incluidos aquellos relacionados con límites de velocidad incorrectos. Un radar de la N-330, por ejemplo, estuvo durante 20 días multando incorrectamente a conductores en un tramo limitado a 100 km/h, resultando en la anulación de todas las sanciones puestas en este segmento de carretera por parte de la DGT.
Los radares veloláser son conocidos por su pequeño tamaño, permitiendo su colocación estratégica en guardarraíles y detrás de señales de tráfico, lo que dificulta su detección por parte de los conductores. A pesar de su tamaño, estos radares poseen una precisión notable, capaces de distinguir diferentes tipos de vehículos a distancias que varían entre 15 y 50 metros. Su portabilidad y autonomía, con baterías que duran cinco horas y la posibilidad de ser controlados por WiFi, los hacen elementos versátiles en la vigilancia vial.
Este avance tecnológico, no obstante, ha venido acompañado de importantes controversias. El fallo en los soportes de los radares y los errores en los límites de velocidad imponen un debate profundo sobre la fiabilidad de los sistemas de control de tráfico y su legalidad. Los conductores y las asociaciones que defienden sus derechos, como AEA, están en alerta y demandan una revisión exhaustiva de las multas impuestas y de los sistemas de medición utilizados.
En respuesta a esta creciente incertidumbre, plataformas como SocialDrive ofrecen servicios de localización en tiempo real de radares, permitiendo a los conductores anticiparse y ajustar su conducción según la normativa vigente. Estos servicios subrayan la necesidad de transparencia y exactitud en los sistemas de control vial, ya que cualquier error puede tener consecuencias significativas en la vida y economía de los conductores.
