Llama la atención la ola de decepción y republicanismo que recorre últimamente las filas de la ultraderecha cuando se trata de Felipe VI. El hecho de cumplir la Constitución, encargando la formación de gobierno a Pedro Sánchez tras el fracaso de Alberto Núñez Feijóo, parece haber caldeado los ánimos entre aquellos que presumen de bandera y pulsera pero no conocen su propio país y sus leyes. Pese a lo llamativo del asunto, ya que la derecha y la ultraderecha siempre se han mostrado muy monárquicas, lo cierto es que no debe resultar extraño entre personas cuyo programa político y voto se decide por emociones, por pura víscera, sin un análisis más racional de las distintas propuestas políticas, el marco legal para llevarlas a cabo y el propio funcionamiento del sistema que rige el funcionamiento de la nación.
Ya hace unos años, una web llamada España es Voz (no hace falta explicar a qué partido puede estar asociada) lanzaba una encuesta dirigida a la posibilidad de que el Rey, al mando de las Fuerzas Armadas, tomara el poder por la fuerza. Algunos de los que compartieron el enlace de la página se sorprendieron enormemente cuando se les explicó que eso sería dar un golpe de Estado, amén de que aún siendo la máxima autoridad castrense, su actuación necesita refrendo parlamentario. Aún no entienden muchos que el Rey tiene sus potestades y funciones muy definidas en nuestro ordenamiento jurídico.
Ahora, los que se han mostrado monárquicos por tradición se sienten defraudados por el hecho de que el Rey haya cumplido con su función. Tras la investidura fallida de Feijóo, ha encargado la formación de gobierno al candidato del PSOE, que ha transmitido que puede conseguir los apoyos necesarios para ser Presidente del Gobierno. Cierto es que los apoyos que se pueden obtener no gustan a distintos sectores de la población. Bildu, Esquerra, Junts... Pero es que la Constitución otorga al Rey la función de designar como candidato a quien pueda conseguir los apoyos parlamentarios y no le permite cuestionar los planteamientos políticos de los distintos partidos y grupos parlamentarios. Mientras todos, como es el caso, hayan pasado el filtro de la Ley de Partidos nadie puede cuestionar su legitimidad para estar en el Parlamento una vez los votos de los ciudadanos les han llevado hasta ahí. Dura lex sed lex.
También es cierto que a la derecha no le queda otro relato que el de cuestionar las posiciones políticas de los distintos partidos. Al arrimarse a VOX, el PP ha perdido a interlocutores con los que históricamente ha negociado sin problemas (caso del PNV). Así que no tienen nada más que cuestionar a las fuerzas independentistas, a los abertzales y a todo aquel que pueda apoyar a Sánchez para volver al manido y falaz relato del gobierno ilegítimo. Da igual que se sea monárquico o republicano, es penoso que las instituciones sean herramientas necesarias para construir ese relato que sustituye a los argumentos. Ya vimos la negativa del PP a negociar la renovación del CGPJ mientras hubiera miembros de Unidas Podemos en el gobierno (es la democracia, amigos), ahora cuestionan al Tribunal Constitucional de forma preventiva por si da cabida a la cacareada amnistía y, en esta partida de ajedrez, hasta el Rey está en jaque. ¿Cuál será el próximo movimiento?
