La situación laboral en Andalucía ha mostrado señales mixtas durante el tercer trimestre de 2023, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Aunque la región ha experimentado un alentador crecimiento interanual en el número de ocupados de un 2,9%, este aumento ha sido ensombrecido por la disminución del 0,1% en ocupación respecto al trimestre anterior.
La cifra más reveladora es la tasa de paro, que se ha elevado a un preocupante 18,7%, aumentando 0,6 puntos en comparación con el trimestre previo. Este incremento ha resultado en un total de 775.200 personas desempleadas en Andalucía, con un aumento de 30.700 individuos en comparación con el trimestre anterior. Desglosando por género, la tasa de paro femenina ha alcanzado el 21,4%, y la masculina el 16,3%, marcando una clara brecha de género en la situación laboral.
Dado este contexto, la reciente propuesta de la Junta de Andalucía de crear 53.400 nuevos empleos en 2024 toma una relevancia aún mayor. Si bien la medida de la Junta es ambiciosa, la magnitud de la tasa de paro sugiere que estas nuevas oportunidades laborales solo abordarían una fracción del problema actual.
Suponiendo que todos estos empleos se cumplimenten, la propuesta reduciría el número de desempleados a aproximadamente 721.800 personas, lo que se traduciría en una disminución del desempleo del 6,89%. Aunque esto marca un paso en la dirección correcta, aún queda un largo camino por recorrer para abordar el desafío total del desempleo en la región.
La propuesta de la Junta también tiene el potencial de impactar positivamente en la tasa de empleo, que actualmente se encuentra en el 46,9%. Una inyección de 53.400 empleos podría incrementar este porcentaje, ofreciendo a más ciudadanos la oportunidad de formar parte de la fuerza laboral activa.
El análisis también destaca la necesidad de políticas específicas para abordar la desigualdad de género en el empleo. Con una tasa de paro femenina significativamente más alta que la masculina, las estrategias futuras deben considerar medidas para garantizar una inclusión equitativa en el mercado laboral.
La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, articuló que el presupuesto es “eminentemente social”, y está diseñado para catapultar a Andalucía hacia un horizonte de prosperidad y desarrollo equitativo. Se ha asignado un 62% del total del presupuesto, equivalente a 29.000 millones de euros, para fortalecer áreas vitales como "sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y cultura".
Este nuevo presupuesto no solo es un reflejo de cifras y porcentajes, sino también una manifestación de la estrategia proactiva de la Junta para revitalizar y diversificar la economía andaluza, poniendo un énfasis considerable en la "creación de 53.400 empleos". Este esfuerzo coordinado se proyecta para impulsar el crecimiento económico regional, estimando un alentador aumento del dos por ciento.
Una proporción significativa de la financiación está alimentada por los ingresos tributarios, que han visto un ascenso del 9,5%, constituyendo así el 55,6% del presupuesto total. Este incremento se atribuye en parte a "la subida de los precios", una variable que ha jugado un papel crucial en la estructuración del presupuesto.
Además, la Junta ha mostrado un compromiso notable con las inversiones infraestructurales, particularmente en el ámbito de las infraestructuras hidráulicas. Se ha previsto una asignación "sin precedente" de 5.809 millones de euros para combatir las deficiencias y desafíos asociados con la "falta de agua", marcando un aumento del 6,2% en comparación con el año 2023.
La consejera Carolina España también ha enfatizado la necesidad de una planificación y proyección realista y rigurosa. La Junta ha navegado por la incertidumbre, trabajando con "modelos econométricos" y haciendo ajustes pragmáticos adaptados a un contexto de ralentización económica.
No obstante, el camino hacia la actualización presupuestaria no ha estado exento de obstáculos. Andalucía enfrenta un desafío persistente de infrafinanciación, una preocupación que la Junta ha gestionado sin optar por "subir los impuestos para compensar el déficit".
El compromiso con el bienestar social y el desarrollo sostenible se refleja de manera resonante en el aumento del 5,5% en el "gasto no financiero", permitiendo una inversión adicional de 2.234 millones de euros. Este impulso financiero también se ha traducido en un apoyo reforzado para los municipios, con una elevación sustancial en las asignaciones destinadas a los "ayuntamientos".
