Desde la noche del 23 de julio, la confianza en conseguir los apoyos necesarios para que Pedro Sánchez reeditara mandato como presidente del Gobierno ha sido el mensaje más escuchado en las filas socialistas.
Un mensaje cimentado en que no podía darse una segunda oportunidad a la derecha, en que había que afianzar las políticas progresistas de los últimos años y en que los socios imprescindibles para conseguirlo no iban a encontrar otra opción que beneficiara más a sus intereses.
Este último argumento, con la amnistía ya firmada y a la espera de conocer sus detalles, es perfectamente aplicable en el caso del expresident Carles Puigdemont, que este jueves ha dado el sí definitivo de los siete diputados de Junts a la investidura después de que la semana pasada aportara dosis de suspense.
Puigdemont, rehabilitado por el PSOE al asumir su liderazgo en la negociación hasta el punto de que se ha desarrollado en Bruselas, ha sido la pieza que más le ha costado encajar a Sánchez en el puzle político más difícil al que se ha tenido que enfrentar y después de que la anunciada inminencia de un acuerdo se prolongase una semana.
Acuerdo demorado
La interpretación inicial en Moncloa y Ferraz de esa prórroga de la negociación es que el expresident había intentado ganar cuota de protagonismo en el ámbito independentista alejándose de la fecha en la que ERC rubricó su acuerdo con el PSOE.
Pero hubo un factor clave que alargó el intercambio de documentos: la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de atribuir a Puigdemont un "rol de liderazgo" en el movimiento Tsunami Democràtic, que surgió en 2019 para protestar ante la sentencia del procés y que está investigando por terrorismo.
Eso hizo que Junts extremara las precauciones para que el texto que se pactara sobre la amnistía tuviera garantías futuras ante la Justicia y no quedara en papel mojado.
Además, luchó por ampliar el perímetro de aplicación de la ley para incluir a personas próximas a Puigdemont y no directamente vinculadas al procés pero que según su partido son víctimas de persecución judicial.
Junts, con su firma, da todo ello por conseguido. Así, puede presentarse ante el independentismo catalán afirmando que ha ido más allá del pacto que arrancó Esquerra al PSOE y haciendo buena la frase con la que su secretario general, Jordi Turull, justificó el retraso en el apoyo a Sánchez: "No dejaremos a ningún soldado tirado".
Si el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, advirtió en plena negociación con el PSOE que los votos de su formación se sudan, Puigdemont provocó en los últimos días una hiperhidrosis en los dirigentes socialistas que ha encontrado remedio con el pacto que sirve en bandeja a Sánchez su continuidad en la Moncloa.
Tiempo de explicación
Con el aval de la militancia explicitado en la consulta a sus bases, el PSOE tendrá que afrontar ahora la fase a la que ha ido aplazando su explicación sobre los pormenores de la amnistía y por qué asume e impulsa ahora una medida de gracia que, con Sánchez a la cabeza, negaba en el pasado, incluso en plena campaña del 23J.
Encara por tanto una ardua labor de pedagogía ante los ciudadanos para garantizar que nada traspasa los márgenes de la Constitución.
Mientras, el PP y Vox se instalan en una férrea oposición, con dirigentes como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablando de que se ha colado en España "una dictadura por la puerta de atrás" y buscando movilizaciones en las calles en contra de esa decisión que han sido aprovechadas ya por grupos ultras para provocar altercados ante las sedes del PSOE.
La investidura queda a la espera de que se anuncie la fecha del debate en el Congreso, previsiblemente la próxima semana, y de un paso previo para completar el círculo y que los socialistas han venido dando por hecho: el sí del PNV.
No hay mensajes alarmantes desde esta formación nacionalista porque el lehendakari, Íñigo Urkullu, ya aseguró días atrás que quieren aportar estabilidad, pero a la vez advirtió a Sánchez que le faltaban sus votos y que el Estatuto de Gernika aún está pendiente de cumplirse.
A falta de esa guinda, el líder socialista ve despejado el camino para lograr su objetivo, que evitará que los españoles tengan que ir a las urnas el 14 de enero.
Y Puigdemont da también por logrado el suyo. Utilizando el lenguaje militar de Turull y si desde el ámbito judicial no tiene ningún sobresalto, se dispone a empezar ya a tachar en el calendario, cual soldado de la antigua mili, los días que le quedarían para preparar su regreso a España.
