La delegación de Personal, contra la Libertad Sindical

El sindicato UGT provincial estudia en estos momentos adoptar las medidas legales oportunas contra los responsables municipales, culpables de la elaboración de los censos preceptivos para la posterior celebración de las Mesas electorales convocadas por las centrales sindicales para el personal laboral de especialistas y personal no cualificado, después de que dicha Mesa fuese impugnada por una presunta negligencia por parte de los responsables de la delegación de Personal, dirigida por la socialista Cristina Rodríguez y su mano derecha, el cargo de confianza, cuya plaza lleva amortizada más de un año, José Pedro Fernández Gago.

La posible denuncia
Según pudo conocer esta redacción de fuentes sindicales, los hechos objeto de la misma podrían ser constitutivos de “vicios graves que afectan a las garantías previstas por la legislación para el desarrollo del proceso electoral vigente”, teniendo en cuenta que según reconocía el Interventor municipal, la Mesa electoral hizo entrega de la copia del acta de constitución de la misma, así como del calendario aprobado para la Mesa, y una copia del censo electoral, en el que, además de estar incompleto, aparecían, según figura en el documento al que ha tenido acceso esta redacción, el nombre de los censados, el DNI, las fechas de altas y de bajas, grupo al que pertenecen, categoría, destino, función, convenio al que se acogen, empresa a la que pertenecen, así como otros datos fiscales relativos a las nóminas de estos trabajadores; un asunto extremadamente delicado en tanto en cuanto estos datos económicos no son en absoluto necesarios para la elaboración de dicho censo, perteneciendo además a la más estricta intimidad de los censados.
En este sentido, el escrito firmado por el interventor municipal, el pasado 29 de octubre, dejaba constancia de que los datos que debían aparecer en dicho censo eran el nombre de los censados, los dos apellidos, la fecha de nacimiento, el DNI, la categoría profesional y la antigüedad.
Del mismo modo, a todo ésto hay que sumar el hecho de que el censo facilitado tampoco fuese expuesto al público, tal y como establece la legislación vigente. Por todo ésto, José María Martín de Hinojosa, interventor municipal, solicitaba al alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, la facilitación de manera inmediata del censo laboral de técnicos y administrativos “para poder confeccionar el censo electoral así como un informe de Trabajadores en Alta en un Código de Cuenta Cotización en la Tesorería de la Seguridad Social”.
Una semana después era el sindicato quien reclamaba la elaboración de este censo, después de la disolución de las Mesas electorales advirtiendo que en caso contrario, el sindicato adoptaría las medidas oportunas al entender que se está vulnerando la “Ley de Libertad Sindical”. Ahora la patata caliente está en manos de la sección sindical de Málaga.