El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso de Vox contra varios artículos de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, avalando así la medida más relevante que retira la custodia a los progenitores inmersos en procedimientos judiciales de violencia machista.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el magistrado conservador Enrique Arnaldo ha retirado su ponencia, que avalaba la constitucionalidad de la medida a condición de dar un margen de actuación a los jueces, al no contar con los apoyos suficientes dado que la mayoría progresista es partidaria de desestimar el recurso en su integridad.
Sin embargo, Arnaldo no ha renunciado a la ponencia y ahora redactará un nuevo borrador con el criterio de la mayoría que será presentado en futuros plenos, añaden las fuentes.
Vox alegaba que la norma impugnada podría vulnerar, ente otros preceptos constitucionales, la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.
La Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia obliga a denunciar a cualquier persona y cuenta la prescripción de los delitos graves cuando la víctima tenga 35 años -y no 18 como ahora-. Además, cuando el caso llegue a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación.
La norma amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, un Registro Central de Información, un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos e impulsa la formación para jueces y fiscales.
