Transparencia resolvió 2.259 reclamaciones de información pública en 2023: un 36,7 % más

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) resolvió el año pasado 2.259 reclamaciones de solicitantes no conformes con la respuesta dada por entidades y organismos públicos a sus solicitudes de información pública, un 36,7% más que en el ejercicio anterior, según su memoria anual.

El Consejo, autoridad independiente de supervisión encargada de velar por el acceso a la información pública a nivel estatal, resolvió favorablemente -de forma total o parcial- en torno a 7 de cada 10 quejas e instó a la administración a facilitar la información que se le reclamaba.

El Ministerio del Interior fue el destinatario del mayor número de reclamaciones resueltas (214, un 18,5 % del total), seguido de Hacienda y Función Pública, Justicia y de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Las resoluciones del Consejo son jurídicamente vinculantes para los destinatarios, pero el organismo advierte de que persiste un porcentaje relevante en las que no se acredita el cumplimiento.

A finales de año no constaba el cumplimiento de un 11 % de las resoluciones dictadas en 2023 frente a la administración estatal y de un 49 % de las emitidas frente a las autonómicas y locales de las ocho comunidades que habían atribuido al Consejo la competencia para resolver sus reclamaciones.

A lo largo del año se presentaron 1.886 reclamaciones, la mayoría (62 %) relativas a organismos y entidades de ámbito estatal.

La memoria destaca que un alto porcentaje de las reclamaciones se siguen presentando porque la solicitud de información queda desestimada por silencio administrativo, es decir, porque la administración en cuestión no ha respondido en plazo: un tercio de las quejas se presentaron por ese motivo y el porcentaje se eleva al 85 % en el caso de administraciones autonómicas y locales.

Según el informe, el Consejo también incrementó su actividad supervisora al analizar si 254 entidades públicas y privadas publicaban la información relevante para fiscalizar su gestión a la que les obliga la Ley de transparencia, un 35 %.

En un comunicado, el presidente del Consejo, José Luis Rodríguez Álvarez, destaca el fortalecimiento de esta institución como autoridad independiente de supervisión de la transparencia pública, aspecto clave para situar a España "en el lugar que le corresponde como democracia avanzada, participativa y basada en la rendición de cuentas".

En 2023, cuando se cumplieron 10 años desde la promulgación de la primera ley de transparencia en el país, el Consejo contó con un presupuesto de 3,37 millones de euros -un 12,5 % más que el ejercicio anterior- y con una plantilla de 29 funcionarios.