Hay materias en las que los administrados van por delante de sus administradores. Las evidencias son tan clamorosas que el ciudadanodeapieleguardedios percibe el problema, contempla su agravamiento mientras que la parálisis burocrática, la incapacidad o ambas atrapan a las administraciones (in)competentes. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a temas tan dispares como los patinetes y los apartamentos turísticos, por ejemplo.
Cualquiera que viva en una ciudad de tamaño medio o grande es consciente de que eran temas que había que regular de forma casi inmediata porque la cosa se iba de madre. Y se fue. Las instituciones han esperado años para reaccionar y lo han hecho tarde. Con la tasa turística pasa algo similar. Ésta llegará a Andalucía, pero lo hará con retraso respecto a otros territorios españoles y europeos. Quienes viajan saben que tiene que pagar por dormir en otras capitales por no hablarles de los 12 euros que deberán abonar a partir del año próximo los turistas para entrar en el Reino Unido a través de un permiso electrónico obligatorio.
El consenso a toda costa, a veces, paraliza. Es lo que está ocurriendo en nuestra región con esta materia. La tasa turística debe ser una realidad más pronto que tarde y sus fondos, destinados a la protección, mantenimiento y restauración del rico y vasto patrimonio andaluz.
Hasta el momento, les he descrito demoras en temas importantes pero no capitales. La salud pública sí lo es y nadie entiende lo que está ocurriendo con el virus del Nilo Occidental. Da la impresión de que se ha tardado demasiado en reconocer que tenemos un problema. Ante una crisis sanitaria conocida, no se han tomado las medidas preventivas adecuadas y el resultado es que siguen muriendo personas y aumentando el número de contagios en Andalucía.
Las entidades locales, carentes de medios en un asunto de este calado, están en la primera línea de defensa ante el virus y sufren la indignación de los vecinos. Diputaciones, apoyando a los ayuntamientos; Gobierno central, instando a la búsqueda de una vacuna; pero sobre todo la Junta de Andalucía, con planes de prevención; tienen que afrontar este asunto como lo que es: una crisis sanitaria de primer orden que irá aumentando durante los próximos años de forma directamente proporcional al agravamiento de los efectos del cambio climático.
