El alcalde, Bruno García, arrancó el curso político este pasado mes de septiembre insistiendo en la ronda de entrevistas con los medios de comunicación que “estos seis meses son los más importantes del mandato”.
Muy probablemente tuviera ya entonces en la cabeza la operación financiera que el Pleno aprobará, porque bastan los catorce concejales del PP, en sesión extraordinaria el próximo jueves 17 de octubre. Pero la incorporación de 12,68 millones de euros de la liquidación de la PIE de 2022 han sido decisivos para dar el paso de cancelar un préstamo de 4,21 millones de euros con unas exigentes condiciones y solicitar un crédito a los bancos de 27 millones de euros que permiten conservar la fortaleza de la economía municipal y perfilar el modelo de ciudad del primer edil.
Este pasa por acometer tres proyectos de calado, Parque del Cementerio, la Avenida de Astilleros y la rehabilitación de las Puertas de Tierra.
Con parte de los fondos de la liquidación de la PIE, además, se completa la financiación del nuevo Portillo, que con los 5 millones de euros comprometidos por la Diputación de Cádiz, dispone de hasta 15 millones de euros de partida, a espera de la redacción del proyecto definitivo; y Procasa contará con un total de 11 millones de euros para la construcción de 107 viviendas públicas y acometer el segundo Plan de Rehabilitación Interior del Parque Municipal de Vivienda.
Además de estos cinco “hitos” de mandato, Bruno García está empeñado en impulsar desde el Ayuntamiento una nueva plaza pública, que servirá, asimismo, de pasillo entre La Viña y la playa, en la trasera de Valcárcel, con un presupuesto de partida de cinco millones de euros condicionados a la venta del Campo de las Balas. El primer edil da por cumplido, de este modo, su compromiso con la participación municipal en el proyecto de rehabilitación del antiguo hospicio.
Y, finalmente, el alcalde se afanará en impulsar el Parque de la Muralla, que contempla un aparcamiento soterrado de 900 plazas, con un importante número reservadas para residentes.
Hay más, pero el PP tendrá que contar con el resto de administraciones para acelerar el proceso de integración puerto-ciudad, con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), que afecta a Plaza de Sevilla y Avenida de Astilleros, fundamentalmente, y liberará espacios; cumplir con los plazos previstos para las más de 800 viviendas de Navalips, con Zona Franca y el Gobierno; y materializar proyectos encallados durante años con la Junta de Andalucía como la Ciudad de la Justicia, el nuevo hospital o la recuperación de Náutica.
