Aviso del Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuando No hay citas disponibles y se precisa una consulta medica. “Si usted precisa una consulta de atención primaria (para medicina de familia, enfermería o pediatría) antes de la fecha que se le ofrece a través de ClicSalud+/App Salud Andalucía, le recomendamos contactar con su centro de salud.” Y Vd. llega a su centro de salud y, con toda la buena voluntad de quienes en el trabajan, le informan que… No está en su mano resolver el tema, que se quede y que cuando se genere un hueco lo atenderán. Y si el problema es que falta ese personal ¿Cómo facilitan la atención al paciente? Porque cuando No hay citas, es que No hay citas… ¿Cuentan con autonomía suficiente para contratar personal sanitario?
Quizás el núcleo de este asunto sea que la política de salud considere a las personas como usuarias: “La legislación vigente internacional, estatal y autonómica establece los derechos y deberes de las personas usuarias del Sistema Sanitario Público de Andalucía ...” ¿Qué es una persona usuaria? La Real Académia Española (RAE) la define como un adjetivo que califica a quien “Que usa algo” aunque se viene “Usado más como sustantivo” y dice que es similar a: “consumidor, beneficiario, cliente, usufructuario”. Deja aún más claro que es una persona “Que tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta limitación.” O que “por concesión gubernativa o por otro título legítimo, goza un aprovechamiento de aguas derivadas de corriente pública.” En definitiva que el termino usuario casa mal para calificar a la persona que es copropietaria del servicio sanitario que precisa se le preste, porque padece alguna dolencia o afección. Hay quien también estaría de acuerdo en que el concepto PACIENTE, le pega mucho más por aquello de la PACIENCIA, demostrada hasta el infinito por quienes deben ser atendidos con diligencia, ya que la salud es lo primero que se valora en la vida. Por ello estaría bien los políticos de turno comiencen a utilizar exclusivamente los conceptos de pacientes o personas enfermas, en lugar de “usuarias-clientes”, cual si de una empresa privada se tratara. Asumiendo, aunque se utilice con más cautela (primaría criterio facultativo- no político) el dicho de que el paciente (cliente) “siempre tiene razón”. Otro aspecto que debería aclararse, sobre todo con palabras sencillas y veraces son los derechos que estas personas pacientes (copropietarias del sistema de salud) tienen, con respecto a recibir una atención diligente cuando lo precisan. El marco legal andaluz es amplio añadiéndose a esa amplitud las normativas de la administración estatal. Leyes 14/1986, que pretende regular el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43, concordante con la Constitución. Las siguientes: 41/2002, autonomía del paciente, la 16/2003 de cohesión y calidad, amén de los reales decretos que la desarrollan, ordenes, instrucciones, circulares…
A pesar de tanta ley la situación de las citas médicas parece manifiestamente mejorable. Y no es fácil encontrar datos que permitan valorar las causas. Cada paciente debería conocer el grupo de personal sanitario que presta servicio en su centro de salud y en su hospital de referencia. Si conociera el volumen de trabajo que se le asigna, el número de actuaciones que realiza, las solicitudes que se hacen por parte de pacientes, el tiempo de espera para dispensar la atención médico-sanitaria… comprendería las causas de cualquier retraso en atender lo solicitado. Algunas hipótesis: a) El volumen de solicitudes de atención en centro de salud como en domicilio haya aumentado. b) el número de usuarios haya aumentado. c) el número de médicos no haya aumentado o incluso haya disminuido. d) La organización de los recursos sea deficiente. Si esta última fuese la causa sería fácilmente soslayable. Simplemente se destituye al actual responsable y se nombra a otra persona más capacitada. Si se optimizan los recursos, mejorando la atención médico-sanitaria, igual la situación se resuelve. Pero puede ser que, a pesar de su incompetencia, quien organiza este complejo puzle precise de más personal médico-sanitario y ahí entra el dinero preciso para contratar dignamente a quienes deben trabajar en ello. Aquella persona que asume la responsabilidad y no puede desarrollarla porque no dispone de medios debe presentar inmediatamente la dimisión o renuncia. No hacerlo es convertirse en cómplice de una estafa ciudadana de gravísimas consecuencias. Porque de la salud se trata.
Algún directivo i-responsable pretende culpabilizar a las personas pacientes con desafortunados cartelitos que dicen: “La semana pasada no acudieron a la cita 77 pacientes, si hubieran anulado la cita Vd. podría haber sido atendido antes.” -¡Que me dice! - Si, Si la culpa, de que Vd no le hayan dado una cita hasta 15 días después, la tienen las personas irresponsables que no anulan las suyas-. El Servicio Andaluz de Salud cifra en 1,3 millones las consultas pérdidas en los 6 primeros meses de este año. En 2023 fueron 2,8 millones en total. Es evidente que ya se debería haber planteado algunas medidas para ofrecer un mejor servicio, más flexibles y al mismo tiempo responsabilizar a las personas pacientes. No obstante saben, quienes asisten a los centros de salud, que cuando alguien con cita previa no acude, pierde el turno y no por ello deja de atrasarse la hora de las citas. ¿Qué pasaría si esos casi tres millones de “absentistas” les hubiera dado por ir. Si ya está colapsado el sistema de salud sin los que “hacen rabona” ¿Qué bloqueo total causarían si todas las citas aparecieran? Eso deja claramente de manifiesto que se dan más citas por hora de las que el, o la, médico de familia puede atender. Y ello supone que el número de pacientes que se le adjudican sobre pasa su capacidad para atenderlos. Mas personal médico-sanitario supondría bajar la “ratio” (número de pacientes por médico) y de esta forma la atención mejoraría. Cuestión de dineros… Dicho esto, sobre el tema de las citas que no se anulan, cabe invocar la necesaria y exigible responsabilidad de las personas pacientes. En un claro, sencillo y publicitado reglamento del paciente de la sanidad pública, debe recogerse el derecho a ser atendido lo antes posible, en el centro o en domicilio cuando sea preciso, y siempre dentro de las 48 horas. También debe dejarse claramente detallado que, considerando que toda consulta médico-sanitaria tiene un costo. quien no proceda a anularla previamente, que se le cobre.
Queda realizar un breve comentario a lo dispuesto por el plan de calidad para el Sistema Nacional de Salud que dice “ofrecer en el Sistema Nacional de Salud nuevos servicios de relación entre los ciudadanos y los profesionales: cita por internet, telemedicina y tele formación” Y visto lo visto confunde la prestación del servicio con la forma solicitarlo. Ya que por mucho internet que se use las citas o no hay, o se dan con muchísimo retraso. En el acceso a la información médica por internet se ha avanzado, lo de agilidad en la cita está pendiente y lo de la telemedicina ni se le espera.
Ultimas noticias amenazan con que esta situación no mejore, sino que empeore. Las grandes compañías privadas medicas que contrataba la Mutualidad de funcionarios Civiles del Estado MUFACE, para la prestación de la asistencia medica al personal funcionario, han decidido no volver a contratar con MUFACE. Por lo cual la ministra de Sanidad ya ha anunciado que en 6 meses el millón largo de mutualistas deberán ser atendidos por la Seguridad Social. Estas grandes compañías privadas, que viven mercantilizando la salud, muestran su verdadera cara de “tenderos” que comercian con las vidas de las gentes. Va siendo hora que los grandes derechos humanos: Salud, Educación, Dependencia sean garantizados exclusivamente por servicios de titularidad pública, sacándolos de la vorágine egoísta de “los mercados”.
Fdo Rafael Fenoy
