La junta birmana responde que no reconoce a la CPI tras la petición de arresto del líder

La junta militar birmana, que detenta el poder desde el golpe de 2021, afirmó que no reconoce el mandato de la Corte Penal Internacional (CPI), de la que no es miembro, en respuesta a la petición de arresto de la Fiscalía contra su líder, Min Aung Hlaing, por el posible genocidio de la minoría rohinyá.

Birmania "no es miembro de la CPI y nunca ha reconocido sus peticiones", subrayó el departamento de prensa de la junta birmana en un breve comunicado divulgado la pasada noche.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo la víspera que “existen motivos razonables” para creer que Min Aung Hlaing tiene “responsabilidad penal” por los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos entre el 25 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 por las fuerzas armadas de Birmania, el Tatmadaw.

Min Aung Hlaing estaba a los mandos del Tatmadaw cuando en agosto de 2017, tras el ataque de un grupo guerrillero rohinyá, el Ejército del país de mayoría budista lanzó una campaña contra esta minoría musulmana en el estado Rakáin (oeste), por la que Birmania fue acusada de presunto genocidio ante la corte de La Haya.

La ONU estima que durante esta campaña "de limpieza étnica con marcas de genocidio", que terminó con más de 740.000 rohinyás huyendo a campos de refugiados de la vecina Bangladés, donde permanecen, fueron asesinadas al menos 10.000 personas.

El general también lideró el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, que puso fin a una década de transición democrática y agudizó el conflicto que vive el país desde hace décadas, con cerca de 6.000 fallecidos en manos de las fuerzas de seguridad birmanas desde el levantamiento, según el último recuento de la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos de Birmania (AAPP).

Por su parte, la oposición democrática birmana aplaudió el miércoles la petición de la Fiscalía de la CPI.

"(Min Aung Hlaing) Debe rendir cuentas por todas las vidas inocentes que ha destruido", declaró en X Zin Mar Aung, ministra de Exteriores del Gobierno de Unidad Nacional (NUG), constituido tras el golpe y que se declara la autoridad legítima del país.

La petición, que aún debe ser aprobada por los jueces de la CPI, también fue aplaudida por organizaciones a favor de los derechos humanos y de la minoría rohinyá.

"Este es un día de celebración no solo para los rohinyás, sino para todos los birmanos", apuntó en un comunicado Tun Khin, presidente de la Organización Rohinyá Birmana del Reino Unido (BROUK).

Por su parte, la asesora de justicia internacional de Human Rights Watch (HRW), Maria Elena Vignoli, dijo que "envía a la comunidad rohinyá un mensaje importante de que su lucha por la justicia no ha sido olvidada".