Discriminar le cuesta 200 euros a la Tetería ?Alhambra? de Huelva

El juzgado de instrucción número 2 de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado por una falta de vejación a una multa de 200 euros a Bader Bradeddine, propietario de la Tetería ‘Alhambra’, “al negarse a atender a un grupo de personas con discapacidad intelectual.
   Los hechos juzgados ocurrieron el viernes, 15 de febrero del pasado año. Aquel día, según Aones (Asociación Onubense para la Normalización e Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual), cinco usuarios de la asociación, acompañados por tres monitores, no fueron atendidos en este establecimiento, negándosele además la hoja de reclamaciones. Los hechos fueron denunciados por Aones, y negados por el propietario de la Tetería que defendía que Aones “estaba usando una enfermedad como la discapacidad intelectual para atacar a mi persona”, a la vez que aseguraba que los chicos discapacitados iban solos y no acompañados ni por monitores ni por padres.
   Ya en abril, Bader fue multado con 1.200 euros por parte del Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno en Huelva por “obstruir” la presentación de una hoja de quejas y reclamaciones a los miembros de Aones que la noche de los hechos estaban en la tetería onubense.
   Una vez juzgados los hechos, la sentencia estima que el imputado tendrá que pagar 10 euros durante 20 días, cantidad que ha sido estipulada en función de su capacidad económica.
   Para Aones, desde la voz de su presidenta, Elena Fernández, la sentencia es “ridícula”, aunque reconoce que en este caso “lo de menos era lo económico, ya que lo verdaderamente importante era lo moral. Hubiera sido mucho más importante que el dueño reconociese que su actuación había sido vejatoria, y que se diera cuenta que a estas personas no se le puede negar nada”. Fernández añadió que “le ha salido muy baratito, aunque nuestra intención, que era que se reconociera la injusticia del acto, se ha conseguido”.
   Aunque Aones pidió una sanción más alta, además de indemnizaciones, la asociación no recurrirá la sanción, aunque Fernández defendió que “le tenían que haber puesto una sanción consistente en que realizara algún tipo de trabajo social”.

Aplauso a la condena
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) mostró ayer su satisfacción por la sentencia . El Cermi consideró que las conductas discriminatorias “deben ser castigadas penalmente, como ha sido este caso”.