Medio Ambiente derriba la construcción ilegal de Tavizna

La demolición de la casa rural ubicada en Tavizna, objeto de polémica en los últimos meses por su situación ilegal en pleno parque natural Sierra de Grazalema, se hizo efectiva en el día de ayer. En esta ocasión se pudo cumplir la orden de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, después de que a finales del mes de diciembre una concentración de vecinos colocase numerosos vehículos frente al acceso a la construcción e impidiese así el acceso a las máquinas.
Para evitar que se repitiera una situación similar, los agentes de Medio Ambiente asistieron a la ejecución del derribo acompañados por una treintena de efectivos de la Policía Autonómica. La vivienda, planteada en un principio con fines turísticos, como alojamiento rural, constaba de dos plantas y estaba construida en espacio protegido, en el término municipal de Benaocaz, dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema e invadiendo una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.
Ese fue el motivo que llevó a la Delegación Provincial de Medio Ambiente a ordenar el derribo de la construcción, un proceso que comenzó en septiembre de 2001, fecha en la que fue denunciada por los agentes de Medio Ambiente
Sin embargo, la demora se debe al inicio de un proceso penal contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio. Este proceso suspendió el procedimiento administrativo en 2002, hasta que en 2004 el juzgado de lo penal dictó una sentencia en la que absolvía al dueño de la finca del delito de ordenación del territorio.
Continuó entonces el procedimiento administrativo, cuya resolución definitiva en marzo de 2006 impuso al propietario la obligación de restituir el terreno con la demolición de lo construido. Así, al no haberse cumplido, es cuando la Consejería ha actuado de forma subsidiaria para restaurar la legalidad, cuyos costes, cercanos a 98.000 euros, deberá ahora pagar el infractor.
Sin embargo el asunto no queda ahí, ya que al comunicarse al Ayuntamiento de Benaocaz a principios de diciembre que se iba a proceder a dicha demolición, surgieron nuevas trabas, pues el ente local alegaba la necesidad de contar con licencia de obra. Desde Medio Ambiente, por su parte, aseguraron que por el principio de lealtad institucional entre administraciones, la Consejería no necesitaba licencia de obra.
Con todo, para este nuevo intento de demolición hecho efectivo ayer, la Delegación Provincial contaba con una autorización judicial, así como la resolución administrativa firme del expediente sancionador por infracción a Ley de Espacios Protegidos.
Una vez llevado a cabo el derribo, la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, ha señalado que con actuaciones como esta “nuestro objetivo es hacer cumplir la legalidad medioambiental, actuando contra todas aquellas construcciones y ocupaciones ilícitas en los montes públicos, zonas de servidumbre de protección y espacios naturales protegidos”. Asimismo ha subrayado que “esa es la política que estamos siguiendo y en la que vamos a ser tajantes”.
De hecho, con el derribo de esta vivienda son ya siete las demoliciones llevadas a cabo por la Consejería de Medio Ambiente en la provincia de Cádiz desde principios de 2008. Dos de ellas se refieren a casas del municipio de Tarifa ubicadas en espacio protegido del parque de los Alcornocales, otras tres construcciones en El Palmar (Vejer) por ocupar zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre y una última en Chipiona por esta misma razón.

Enfrentamiento político
La demolición de esta construcción en Tavizna despertó incluso la polémica política a nivel provincial. Así, los dirigentes socialistas llegaron a solicitar el cese de manera inmediata del alcalde de Benaocaz, Juan María Mangana (PP), mientras los populares negaron que el mismo se opusiera al derrumbe de esta vivienda rural. Al mismo tiempo pidieron coherencia al PSOE, reclamando el mismo trato para los ayuntamientos gobernados por socialistas, haciendo referencia así a la orden de derribo del Hotel El Algarrobico, ubicado en Carboneras, en el Cabo de Gata.
Por su parte, Mangana se defendió reiterando la necesidad de que la Delegación de Medio Ambiente solicitara un permiso de demolición, remitiéndose para ello a sendos decretos de Alcaldía. Finalmente el derribo se ha hecho efectivo sin necesidad de autorización municipal.