El alcalde de Cúllar, José Torrente, ha anunciado que el Ayuntamiento se hará cargo del 50% de las facturas de junio Ley de Dependencia, después de que la cuantía correspondiente a la misma aún no haya sido trasferida por la Consejería de Bienestar Social.
Torrente ha señalado que, a pesar de la difícil situación económica del municipio “es una obligación moral” el adelantar al menos la mitad de las facturas para que las trabajadoras de la dependencia “cobren un trabajo que han realizado”.
El regidor popular ha recordado que el de Cúllar no es un caso aislado ya que esta situación se repite en innumerables municipios de la provincia, hasta alcanzar una deuda que en la provincia supera los 18 millones de euros. A juicio de Torrente “no es de recibo, que a pesar de que a la Junta se le llena la boca hablando de políticas de Bienestar Social, mantenga estos impagos durante tanto tiempo poniendo en riesgo muchos empleos y la atención a personas que requieren de cuidados”.
En ese sentido, el alcalde de Cúllar se ha referido a la última visita realizada al municipio por la ex delegada de Bienestar Social de la Junta quien aseguró a las trabajadoras que los pagos se realizaban con puntualidad “algo que el tiempo se ha encargado de desmentir”.
José Torrente ha destacado el esfuerzo que está desarrollando el ayuntamiento para encontrar el equilibro “entre la colaboración con las empresas encargadas de la dependencia y la puntual atención a las nóminas de los propios trabajadores municipales”.
Por último, Torrente no sólo ha denunciado la falta de impuntualidad y rigor de la Junta “que una vez más promete lo que es incapaz de cumplir”, sino también la irresponsabilidad de la Consejería de Bienestar de ocultar “cuándo liquidarán los pagos pendientes”. A juicio de Torrente de esta forma, la Junta está “boicoteando de hecho” la prestación de servicios en los municipios “para los que los ayuntamientos tenemos presupuestos pero que ahora tenemos que suspender para tapar los agujeros de la Junta.”
