El Juzgado de Instrucción número 1 del municipio malagueño de Coín está investigando a ocho personas, una de ellas el jefe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la esta localidad, por haber organizado, presuntamente, una montería ilegal de jabalíes el pasado 20 de enero en un coto deportivo de Alhaurín el Grande (Málaga), en la que participaron más de un centenar de cazadores.
Los delitos de los que se les acusa son por una presunta estafa, falsedad documental y contra la salud pública, mientras que al miembro del instituto armado se le imputan, además, los supuestos delitos de omisión de perseguir delito y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, según ha publicado este lunes el diario 'Málaga Hoy'.
Los servicios jurídicos de la Federación Andaluza de Caza están trabajando desde mediados del mes septiembre, cuando las diligencias llevadas a cabo por la propia Benemérita fueron presentadas en el juzgado que instruye el caso, en la defensa de los siete socios, presuntamente, relacionados en esta montería ilegal. Algunos cazadores que participaron en la misma fueron los que alertaron de lo sucedido.
El principal hecho del que se acusa a los ocho implicados, según señaló el delegado de la propia Federación Andaluza de Caza en Málaga, Pedro Acedo, es haber, supuestamente, subarrendado al coto la organización de esta montería y después haber vendido los puestos, una práctica que está totalmente prohibida por la legislación vigente.
No obstante, añadió que "se trató de una montería sin ánimo de lucro, en la que los ocho cazadores se ofrecieron a echar una mano para organizarla porque les gusta y solamente cobrando un precio ridículo por puesto para cubrir costes".
Según la investigación que dirige el juzgado de Coín y según también señaló Acedo, los organizadores de la batida de jabalíes cobraron supuestamente unos 80 euros por cada uno de los 120 puestos de caza que se distribuyeron en las más de 5.000 hectáreas que tiene este coto deportivo.
Asimismo, algunos de los cazadores que participaron en la montería, y que denunciaron sentirse estafados, aseguraron que la persona que supuestamente se personó en el coto como veterinario "no era tal", a pesar de que la ley que regula la caza obliga a la presencia de un profesional en este tipo de batidas para autorizar la guía de circulación del animal muerto y que el cazador pueda llevárselo después de corroborar mediante un análisis que no es portador de triquinosis.
La montería sí había sido autorizada por la Junta al coto deportivo, aunque ni la Subdelegación del Gobierno en Málaga ni la propia Guardia Civil accedieron a hacer declaraciones al respecto de estos hechos.
