El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha anunciado este miércoles que, al amparo del artículo 7 del reglamento de la Cámara autonómica, ha iniciado una "fiscalización exhaustiva" de la Consejería de Empleo, a consecuencia de la cual, ya ha encontrado un total de 119 "reparos" de la Intervención Delegada en dicho departamento, entre los cuales, "muchísimos hacen referencia a la partida 31L" con la que supuestamente se financiaron los expediente de regulación de empleo (ERE) que están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.
En rueda de prensa en el Parlamento, Rojas ha explicado que su grupo pidió el pasado 15 de octubre a la Consejería de Hacienda acceso a las notas o informes de reparo emitidos por la Intervención General de la Junta sobre la Consejería de Empleo desde 2008 a 2012 y que, tras ser admitida la petición por la Mesa del Parlamento, el pasado 29 de enero un grupo de miembros del PP-A pudo visitar la documentación en la sede de Hacienda pero "sin poder hacer fotocopias" ni poder consultar al completo los informes de fiscalización, solo los títulos.
En los títulos de estos 119 reparos, según el PP-A, se hace referencia, entre otros asuntos, a "subvenciones a sindicatos sin justificar (fundamentalmente CCOO y UGT), a subvenciones a asociaciones de mujeres como Mujeres Progresistas, a reparos en dietas y gastos de desplazamientos, a contratos de publicidad, a pólizas de prejubilación, al pago de indemnizaciones por viviendas de altos cargos, a contratos a terceros y muchísimos reparos a las partida 31L", ha resumido Rojas.
En su opinión, esto pone de manifiesto que "no solo eran 15 advertencias de la Intervención General" las que se lanzaron sobre las supuestas irregularidades de los ERE sino que "también había más reparos de la Intervención Delegada". "Reparos por todos lados y durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán", ha apostillado.
Tras esto, el PP-A ha exigido nuevamente a Hacienda las fotocopias de "todos los informes de fiscalización de disconformidad e informes de conformidad con observaciones emitidos por la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo desde 2008 hasta la fecha".
"Y al completo, no solo los títulos", ha advertido Rojas para criticar a continuación que la respuesta de la Junta a esta petición haya sido la de que deben tramitar esta solicitud "por vía parlamentaria", lo que, a juicio del PP-A, solo sirve para retrasar esta información y para que la Junta "gane 5 o seis meses".
Para Rojas, esta actitud de la Administración autonómica demuestra que "el Gobierno se niega a ser transparente", ya que, después de "votar en contra" de las auditorías que el PP-A propuso tras los "numerosos escándalos" acaecidos en la Consejería de Empleo, ahora también niega el acceso completo a estos informes de fiscalización.
Ante ello, advierte al "bipartito" de que realizará esta labor de fiscalización en más consejerías, no solo en la de Empleo, y que le exigirá colaboración. "Le pido a la Consejería de Hacienda que nos facilite el trabajo a la oposición y que nos dé la documentación sin miedo y sin poner obstáculos", ha añadido.
LA JUNTA, "SIN EXCUSA" EN LOS ERE
Según Rojas, estos 119 reparos sumados al supuesto borrador manuscrito del exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que publica este miércoles ABC y que apunta a que el equipo de Griñán en la Consejería de Hacienda "pactó con él en mayo de 2005 un calendario para liberar ayudas", dejan "sin excusa" a la Junta en el caso de los ERE y pone de manifiesto que "toda la Consejería estaba implicada y actuaba de forma contraria a la ley" con estas ayudas y subvenciones.
Por esta razón, el 'popular' ha insistido en que Griñán "debería haber presentado ya su dimisión" porque "Guerrero nunca negó su forma de actuar" y porque "su documentación demuestra que no era él solo" el que tomaba las decisiones de a quién se destinaban las ayudas.
