El consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha defendido este jueves la creación del Consejo de Transparencia y Protección de Datos que se contempla en el proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía que se ha remitido al Parlamento, descartando así que sus funciones las asuma el Defensor del Pueblo Andaluz.
En una entrevista con Canal Sur Radio recogida por Europa Press, Jiménez Barrios, que ha sido preguntado sobre si no sería más conveniente que las funciones las asumiera el Defensor del Pueblo Andaluz, algo que ha planteado IULV-CA, la Ley estatal de Transparencia, que es norma básica, crea un Consejo de Transparencia apuntando que para las comunidades que no cuenten con él será "supletorio". A su juicio, es necesario que Andalucía cuente con su propio órgano, independiente, con personalidad jurídica propia, que se gane su prestigio.
Ha puesto el acento en que el director de ese Consejo Andaluz de Transparencia será nombrado por el Parlamento, mientras que la norma estatal recoge que será nombrado por el Gobierno central. Ha indicado que el director del Consejo será el único que percibirá un salario.
Jiménez Barrios ha recalcado que el Gobierno andaluz es pionero en algo tan importante como la lucha contra la desafección política, uno de los objetivos fundamentales de la futura Ley de Transparencia. "Abre la administración de par en par y supone también un cambio de cultura para que los ciudadanos puedan tener claro que la administración es suya", ha indicado el consejero, quien ha señalado que los propios ciudadanos son los depositarios del derecho a pedir las explicaciones oportunas.
Ha indicado que está ley no solo obliga a las administraciones, sino que todos los que reciban fondos públicos tienen la obligación de ser transparentes. "Esta ley no ha establecido ninguna limitación, más allá de las que establece la ley estatal en materia de protección de datos", ha apuntado.
Ha indicado además que el PP-A, el que "más resistencia" ha mostrado a medidas de este tipo, tiene que ser consciente de que la futura Ley de Transparencia es una norma que viene a romper con ese clima que los ciudadanos viven a diario en la calle y que ha generado la desafección política.
"Dentro de la administración tiene que haber una auténtica revolución por la transparencia", ha sentenciado el consejero.
