La patronal agraria de la provincia onubense, Asaja-Huelva; la asociación de productores y comercializadores de la fresa, Freshuelva; y la federación de cooperativas agrarias, Faeca-Huelva, han presentado este viernes tres escritos idénticos en las sedes de la Subdelegación del Gobierno, Delegación de la Junta y la Diputación Provincial de Huelva en los que solicitan a los titulares de estas administraciones la celebración de una reunión urgente para abordar la problemática de los asentamientos.
Según ha informado la patronal agraria en una nota, el motivo de esta petición formal y consensuada por las tres entidades más representativas de la provincia es tratar "en profundidad" la situación de los asentamientos ilegales existentes en suelo onubense, la mayoría en terrenos de titularidad pública.
En el escrito, las organizaciones comienzan por poner en conocimiento del subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Vigueras, el delegado de la Junta en Huelva, José Fiscal, y el presidente de la Diputación (como organismo supramunicipal que representa a los ayuntamientos de la provincia), Ignacio Caraballo, su "más enérgica protesta por la situación de los asentamientos".
“Esta penosa situación consideramos que está originada por la falta de diligencia y asunción de las responsabilidades que específicamente les atañe a los entes públicos a este respecto concreto", han señalado las asociaciones profesionales.
No en vano, pese a las numerosas llamadas de atención que se han emitido desde diversos focos, pero muy especialmente desde el ámbito agrario, las administraciones públicas "no han ido más allá de expresar su contrariedad, culparse unas a otras o en último caso, guardar silencio".
A juicio de estas organizaciones, "una actitud que ha provocado que se mantenga y se consienta año tras año una situación que constituye una tragedia humana y que perjudica muy seriamente a la imagen de la provincia, en especial al sector agrícola, al que siempre se termina culpando de ella sin justificación".
"Resulta lamentable que por la ausencia de coordinación y entendimiento entre las administraciones concurrentes en este asunto se permita la existencia de este drama social, los asentamientos ilegales", prosiguen.
Los representantes de las organizaciones están convencidos de que hay "suficientes" recursos legales, administrativos y económicos para solucionar la situación de estas personas "sin tener que recurrir continuamente a la caridad, que al final sólo contribuye a paliar de forma temporal las lamentables condiciones de vida en las que permanecen estos hombres y mujeres".
Estiman que las administraciones deben ser "firmes" a la hora de hacer cumplir la ley, aunque "esto suponga tomar medidas impopulares, evitando que haya personas en suelo español sin las mínimas garantías jurídicas, sanitarias y laborales". Apuestan por propiciar a quien "sí cuente con permiso de residencia o de trabajo, unas condiciones de vida dignas", comenzando por propiciar alojamientos propios de personas, un domicilio que regularice su situación, ya que esto, a su vez, "contribuirá a que puedan ser insertados en la sociedad y en el mundo laboral y salir así de la indigencia".
Las organizaciones firmantes del escrito esperan obtener una respuesta "muy pronto" poder mantener uno o cuantos encuentros sean "necesarios" y muestran una vez más "su total disposición" para trabajar "conjuntamente" para encontrar una solución que "a buen seguro beneficiará a toda la sociedad onubense".
