La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha asegurado este miércoles que el concurso internacional para la reapertura de la mina de Aználcollar (Sevilla) sigue su curso "con absoluta normalidad y transparencia, como ha venido siendo norma desde el pasado 16 de enero", fecha en la que se realizó la convocatoria.
Así lo han señalado fuentes de la Consejería a Europa Press en relación al posible asesoramiento de Juan María González Mejías, sobrino del expresidente del Gobierno Felipe González e imputado en el caso Invercaria, a una de las empresas que aspiran a explotar la mina sevillana de Aznalcóllar.
Fuentes de la Consejería del ramo han indicado que "todos los hitos que este proceso ha ido cumpliendo han sido debidamente comunicados a la sociedad atendiendo a los más rigurosos principios de publicidad, objetividad y rigurosidad".
Así, ha apuntado que prueba de esta "transparencia" es que la Junta de Andalucía ha contado con "el consenso social y político tanto de las administraciones públicas implicadas, como son los ayuntamientos de la comarca --Aznalcóllar, Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, El Madroño, y El Ronquillo--, la Diputación de Sevilla y el propio Gobierno central.
En este mismo sentido, ha señalado el acuerdo con las asociaciones empresariales, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer).
La Junta ha recordado que el procedimiento abierto para la adjudicación de la reapertura de la mina de Aznalcóllar se ha desarrollado bajo el principio de concurrencia competitiva, esto es, será adjudicado a la entidad que mejor propuesta presente para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, en términos económicos, medioambientales, de seguridad y sociales.
"Cualquier intento de enturbiar con insinuaciones maledicientes y carentes de la más mínima credibilidad y veracidad, el desarrollo de este proyecto industrial, que tiene el carácter de estratégico para la región, sólo viene a obstaculizar el desarrollo económico de Andalucía y, en especial, de una comarca muy afectada por el desempleo", subrayan desde la Consejería, a lo que añaden que "quienes difunden esas informaciones deberán ser los que den cuenta a los ciudadanos de los objetivos espurios que persiguen".
