El Colegio de Geólogos ha reivindicado la "importancia de actualizar la norma sismorresistente" en España, sobre todo en el sur peninsular, tras el terremoto de Nepal, donde gran parte de la destrucción se debe a la "mala calidad en las edificaciones".
Así, según ha explicado a Europa Press el presidente del Colegio de Geólogos, Luis Suárez, el temblor se ha producido en el límite entre la placa Euroasiática y la Índica, la misma que generó la cordillera del Himalaya y la meseta del Tibet hace 50 millones de años. Es una zona de superficie de rotura a poca profundidad por lo que se agrava la devastación.
"Desde hace 50 millones de años se produce una colisión en la zona intraplacas que provoca un desplazamiento de 45 milímetros al año", ha señalado Suárez, que ha añadido que esto provoca una intensa deformación en la corteza terrestre en una zona de "alto riesgo sísmico".
Además, ha precisado que el área afectada es una zona de "fallas compresivas, llamadas cabalgamientos" que tienen la particularidad de presentar un "plano de falla de muy baja inclinación y a poca profundidad".
Asimismo, ha destacado que la superficie de rotura se encuentra a poca profundidad lo que genera que las ondas sísmicas desde el hipocentro alcancen la superficie con mucha energía, por lo que producen una "gran devastación".
"Un terremoto de mucha energía y muy superficial, añadido a la escasa calidad de las construcciones, produce mayor destrucción", ha insistido.
En este contexto, el Colegio de Geólogos cree que es preciso hacer cumplir la normativa sismorresistente en las zonas de riesgo sísmico y recuerda que en el terremoto de Lorca, en mayo de 2011, se vio la necesidad de actualizar la norma. Sin embargo, denuncia que cuatro años después "no se ha hecho nada".
A juicio del representante de los geólogos "lo más urgente" es el análisis de las construcciones en zonas de riesgo sísmico en Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia y Alicante".
Finalmente, se ha referido al Decálogo para la Prevención del Riesgo Sísmico en España con 10 medidas a llevar a cabo por las administraciones públicas, que "no se han implementado".
