La Generalitat debe un total de 667 millones de euros a ayuntamientos catalanes, consejos comarcales y a otros entes locales como las diputaciones provinciales, según los últimos datos de los que dispone el departamento de Gobernación.
Esta deuda es consecuencia de las estrecheces presupuestarias que ha atravesado durante los últimos años la Generalitat, que ha estado sujeta a las limitaciones de déficit marcadas por el Gobierno y que ha tenido que acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico y al plan de pago proveedores para poder hacer frente a sus obligaciones.
A una semana de las elecciones municipales, en el balance de la situación económica de los entes locales en Cataluña hay que recordar que ha sido delicada en estos últimos cuatro años, ya que sus ingresos han caído en picado desde la época de la burbuja inmobiliaria y se han visto también condicionados por el corsé del déficit público.
De los 667 millones de euros de deuda que la Generalitat acumula, un total de 408 los adeuda a los ayuntamientos, otros 82 a los consejos comarcales y un total de 177 a otro tipo de entes locales, como las diputaciones.
No obstante, la atención mediática en torno a este debate ha estado centrada estos años en la deuda de la Generalitat con el Ayuntamiento de Barcelona.
A pesar de que ambas instituciones están gobernadas por la misma formación, CiU, el gobierno municipal cifra la deuda de la Generalitat en 114 millones, mientras que el gobierno catalán la rebaja hasta los 75 millones, según aseguró la vicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega el pasado mes de marzo en el Parlament.
Para la oposición municipal, en cambio, la deuda se eleva hasta los 215,2 millones, tal como recogió la declaración que el consejo municipal aprobó con los votos del PSC, el PP e ICV-EUiA durante la una sesión extraordinaria promovida por estos tres grupos para abordar este controvertido asunto.
A pesar de este volumen de deuda, la Generalitat subraya que en los últimos seis meses ha conseguido reducir la que mantiene con los entes locales en un total de 310,5 millones.
Más allá de tener que lidiar con limitaciones de gasto y de ver cómo la crisis se llevaba por delante promesas de inversión como las generadas por la ley de barrios, promovida por el tripartito, los municipios catalanes han tenido que convivir en los últimos cuatro años con un nivel de paro que ha puesto en tensión sus servicios sociales.
La última Encuesta de Población Activa (EPA), la correspondiente al primer trimestre de 2015, sitúa la tasa de paro en Cataluña en el 20,05 % hasta alcanzar los 758.000 parados, frente al 23,78 % del conjunto de España.
No obstante, para hacerse una idea de la situación previa a la crisis cabe subrayar que en el primer trimestre de 2008, antes de que la crisis se mostrara en toda su magnitud, el paro se situaba en 290.800, equivalente a una tasa de paro de solo el 7,6 %.
Por provincias, Barcelona cuenta actualmente con una tasa de paro del 19,58 %, mientras que el número de parados llega a 2,2 millones, de los que la mayoría se concentra en el área metropolitana, el área más poblada y donde se ubican las principales empresas industriales.
Los últimos datos por comarcas facilitados por la Diputación de Barcelona, correspondientes a febrero de 2015, revelan que, pese a la mejora respecto a los peores años de la crisis, el paro aún afecta a 158.327 personas en los municipios del Barcelonès; a 62.448 en los del Baix Llobregat; a 74.890 en las poblaciones del Vallès Oriental y a 32.911 en las del Vallès Oriental, según los datos del desempleo registrado.
Según el anuario económico comarcal de 2014, elaborado por CatalunyaCaixa, si el PIB del conjunto de las comarcas catalanas retrocedió de media un 4,9 % entre 2007 y 2013, el Barcelonès fue la quinta comarca donde que menos cayó, con un 1,17 %, mientras que las comarcas que lo rodean descendieron mucho más, hasta ocho veces más.
En estos años de crisis, el PIB del Vallès Occidental cedió un 7,56 %, el Oriental un 8,08 %, el Baix Llobregat se dejó un 6,25 % y el Maresme perdió un 7,44 %, y se dieron incluso unos descensos más profundos en comarcas de la segunda corona como el Garraf (-12,72%).
Sin embargo, un reciente informe de CCOO revela que, con la reactivación económica, las comarcas más altamente industrializadas de Cataluña, como las del Área Metropolitana de Barcelona, están ahora entre las que presentan proporcionalmente una menor incidencia de expedientes.
Con todo, hay municipios que tardarán en levantar cabeza. Es el caso de Moià, situada en la comarca del Bages (Barcelona), que en 2011 se declaró en quiebra y que aún está en la lista de municipios más endeudados de Cataluña.
Otros casos también preocupantes son los de Camprodon (Girona), cuya deuda es representa un 99,3% de su volumen ordinario de ingresos, o bien el de Canet de Mar (Barcelona), con un volumen de deuda equivalente al 71,3% de sus ingresos, por poner solo algunos ejemplos.
