Aestas alturas del escándolo que ha supuesto el robo de 7,6 millones de euros de la Caja del Ayuntamiento de San Fernando, está claro que cualquier respuesta está en el Juzgado, donde se encuentra el resultado de las investigaciones policiales y las judiciales y mientras que existe el secreto de sumario, nadie está en disposición de afirmar ni negar nada, independientemente de que las responsabilidades políticas, por acción u omisión, están claras desde el momento en que son inherentes a los cargos públicos.
No obstante, esas responsabilidades políticas son de asunción voluntaria y en función de cómo o cuándo se tomen, se calibrará la talla del cargo público, con independencia del puesto que esa consideración pública tenga en la escala de valores de los señalados como responsables. Es pues, tiempo de esperar a que se levante el secreto del sumario, un secreto prorrogado del que también es de esperar que lo sea por lo complejo del caso, no por otras causas.
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