La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha dado luz verde a la captura y comercialización de la coquina las zonas de producción de la Barra del Terrón, Mazagón y Matalascañas. La decisión se ha tomado después de que los continuos análisis que realiza el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de Cartaya hayan constatado la desaparición de la biotoxina DSP en los ejemplares de estos bivalvos en estos puntos del litoral onubense y, por consiguiente, la ausencia de riesgos para la salud por su consumo.
Con esta medida, que se suma a la apertura de las aguas de Isla Canela a la extracción de esta especie de especial interés comercial decretada el pasado 21 de octubre, el sector de la coquina tiene vía libre para faenar en estos instantes en cinco puntos del caladero onubense, los cuatro mencionados y la zona marítima de Doñana. Sólo no puede hacerlo, por tanto, en las aguas de la Desembocadura del Piedras ni en Punta Umbría, donde se volverá a autorizar la actividad en cuanto se certifique que la ingesta de bivalvos de estos enclaves no entraña peligro alguno.
Con un amplio margen de maniobra cuentan los profesionales de la chirla, que, al igual que en el caso de la coquina, pueden desarrollar su actividad en Isla Canela (desde el 1 de octubre), en Punta Umbría (desde el 23 de octubre), en Matalascañas (desde el 27 de octubre) y en el espacio marítimo de Doñana (desde el 9 de septiembre), es decir, en cuatro de las seis zonas de producción de esta especie, al igual que en el caso de la coquina, de alto interés para la economía onubense. La Barra del Terrón (desde el 14 de octubre) y Mazagón (desde el 16 de octubre) son, así, las únicas aguas cerradas en estos instantes a la actividad chirlera, también a causa de la DSP.
Junto a estos enclaves, también está permitido el marisqueo en las zonas de producción del río Guadiana, las Marismas del Guadiana-Carreras, el río Carreras, las Marismas del Piedras e Isla Cristina. En ellos se pueden extraer desde las almejas babosa, fina y japonesa hasta el berberecho, el longueirón, la navaja-muergo o el ostión, así como, en el último enclave, el mejillón.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural recuerda, en este sentido, que el cierre preventivo de los caladeros cuando se detectan valores superiores a los establecidos legalmente se enmarca dentro del Programa de Control y Seguimiento de las Condiciones Sanitarias en las Zonas de Producción de moluscos bivalvos, gasterópodos y equinodermos del litoral andaluz. El objetivo es la protección de la salud pública y garantizar la calidad sanitaria de los productos pesqueros.
En la misma línea, desde este departamento de la Junta de Andalucía se incide en que el marisqueo sin licencia está prohibido en cualquier momento y conlleva una sanción de carácter “grave”, calificación que en el caso de que la actividad se desarrolle en una zona de producción cerrada por motivos sanitarios se eleva a “muy grave”. Las sanciones por el incumplimiento de estas prohibiciones pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen moluscos bivalvos sin autorización (sanciones graves) y entre los 60.001 y los 300.000 euros para quienes desarrollen esta actividad en un caladero cerrado por la presencia de toxinas (sanción muy grave).
