Hasta diez empresarios corroboraron este martes en la Audiencia de Sevilla que las facturas que presuntamente utilizaron Carlos Estévez y sus testaferros para desviar fondos de Shorton, destinados a la reapertura de la mina, a sus propias sociedades eran falsas y que nunca las habían cobrado.
Durante la segunda sesión del juicio, cuya continuidad se ha pospuesto hasta el próximo 8 de febrero y que se sigue contra el exdirector de Minas de Riotinto y tres de los considerados sus testaferros por los delitos de apropiación indebida, estafa y falsedad, han declarado nueve empresarios en la sala y uno mediante videoconferencia.
En su testimonio, “demoledor” en palabras de la acusación particular, los empresarios han coincidido en declarar que las facturas eran falsas, ya que no sólo no se prestaron esos servicios ni se cobraron los importes, sino que presentaban multitud de irregularidades, como numeraciones no coincidentes o formatos de facturas que no eran los que utilizaban en sus sociedades.
Las facturas falsas fueron abonadas por Mantesur (MSA) con el dinero de la empresa suiza Shorton, pero no a las empresas que las emitían, sino que supuestamente era el dinero que Carlos Estévez y Luis Arias se apropiaban. El montante que se desvió fue de 2,9 millones de euros, de los casi 12 millones que la empresa suiza aportó para el arranque de la mina.
Estas irregularidades fueron detectadas por uno de los administradores de MSA, Juan José Pérez Padilla, extremo que comunicó tanto a Estévez como a Arias. El primero de ellos le aseguró que eran para pagar “favores anteriores”. Ante la pasividad tanto de Estévez como de Arias, Pérez Padilla decidió no continuar en la compañía.
Posteriormente, éste fue el que comunicó a Shorton las irregularidades, iniciándose una auditoría, realizada por Deloitte, que corroboró la existencia de facturas falsas, pagos por servicios no realizados, disposiciones con las tarjetas visas o desvíos de importantes sumas de dinero a empresas de los acusados.
En la sesión también ha declarado el representante de Shorton, Aswath Mehra, ayudado de un intérprete, quien ha confirmado que han mantenido la querella durante diez años en un intento de “hacer justicia con personas que le han estafado” y que dañan la imagen de Andalucía y su industria.
Según ha apuntado, de haberse invertido el dinero en los fines acordados, habría sido muy beneficioso para Shorton, los trabajadores de la mina y para la propia industria andaluza.
