Un total de once mancomunidades estructuran la geografía onubense en cuanto a este tipo de entidades supramunicipales formadas por más de un Ayuntamiento, englobando prácticamente a los 79 municipios y a las tres entidades locales menores onubenses.
Unas entidades que, en la mayoría de los casos, rozan las dos décadas de existencia, y que a partir de 2007, con la llegada de la crisis pero, sobre todo con la entrada en 2011 del Partido Popular en la Moncloa, han visto cuestionada su existencia en la necesidad defendida por el partido del Gobierno de adelgazar la administración local. No obstante su existencia también ha sido puesta en tela de juicio por la inviabilidad de algunas, causada bien por problemas económicos derivados de la crisis, bien por el cierre del grifo de las ayudas europeas o, simplemente, por la mala gestión de sus responsables, que han llevado a algunas prácticamente a la bancarrota.
En la provincia onubense ha habido en los últimos años ejemplos que pueden ilustrar algunos de estos casos, como el de la Mancomunidad de Islantilla (Lepe-Isla Cristina), que hace dos años fue cuestionada por el Gobierno local del PP de Lepe, llegando incluso al borde de ser disuelta en un pleno municipal, lo cual no llegó a consumarse por la presión popular y de sus trabajadores, así como por la defensa de la misma que hizo el Ayuntamiento de Isla Cristina (entonces gobernado por PSOE y PA).
En otro extremo se encuentra la de la Cuenca Minera de Riotinto, actualmente en ‘stand by’ debido a los graves problemas económicos que ha arrastrado en los últimos años, generados básicamente por el cierre del grifo de las ayudas europeas y por la mala situación de los ayuntamientos que la sostienen, muchos de los cuales no hacen frente a sus cuotas desde hace años.
También es cierto que, aunque con altibajos, hay otras que están soportando de forma mucho más digna la crisis y siguen manteniendo unas estructuras, aunque mínimas, para prestar los servicios para los que fueron creadas.
En este extremo se encuentra la Mancomunidad de Municipios Beturia, cuyo gerente, Paco Santana, a pesar de reconocer que ha sufrido “altibajos” y que “los seguirá habiendo porque no somos una excepción y nos afectas las crisis y las coyunturas económicas”, también quiere dejar claro que la entidad que gestiona ha logrado seguir funcionando en niveles muy aceptables de prestación de servicios y ejecución de proyectos.
Y es que “en nuestro caso -precisa- el objetivo no es detraer fondos de los ayuntamientos que la integran, sino todo lo contrario, se trata de lograr recursos para que los consistorios tengan la posibilidad de hacer cosas. Y eso es lo que fluctúa” ya que ha habido años en los que se ha conseguido atraer muchos recursos y otros en los que menos. “Y como eso forma parte de nuestra naturaleza -añade- la situación económica no influye ni demasiado, ni de forma muy negativa en nuestra situación, sobre todo si se gestiona bien”. Otra de sus grandes ventajas está en la flexibilidad en cuanto a su estructura interna, ya que según señala, no tenemos una gran estructura, ni necesidad de un gran presupuesto anual para mantenerla”.
Es por todo ello por lo que afirma que “no se puede cuestionar la existencia de las mancomunidades por la crisis, sino todo lo contrario, en épocas de escasez se hace aún más necesario buscar fórmulas de cooperación”. La actual presidenta de Beturia, la alcaldesa de Villanueva de los Castillejos Dolores Ruiz Beltrán (PSOE), es más tajante al aseverar que “si la mancomunidad funciona, ¿por qué eliminarla?”, a lo que añade que, “muy al contrario, lo que estamos haciendo es trabajar en distintas estrategias para seguir implantándola en el territorio, con el objetivo de lograr su mayor desarrollo económico”.
El gerente de Beturia aporta otra cuestión al debate al afirmar que “estamos en un periodo de cambio, no solo en lo económico, sino también organizativo y legal ya que hay una nueva ley que regula las competencias de las administraciones locales, y eso nos afecta a nosotros”. En este sentido señala que dentro de lo que esta nueva normativa permite “estamos buscando en qué campos podemos seguir trabajando, en cuáles podemos profundizar y, como cualquier organización, nos tenemos que ir adaptando a cada momento en que nos toca ir viviendo”.
“En definitiva -añade Santana- esto es un ente vivo, que se mueve, y que se va adaptando y readaptando a los cambios del entorno, lo cual por otra parte no es nuevo. Siempre ha sido así, y lo seguirá siendo”, a lo que añade que por otra parte las mancomunidades se trata de entidades voluntarias: “nadie obliga a nadie a pertenecer a ellas. Y en esa voluntad entra la cuestión de ¿en qué queremos trabajar en común?. Esta pregunta siempre está sobre la mesa de quienes integran una mancomunidad” asegura finalmente.
En la “diversificación” están las claves del futuro
Los máximos responsables de la Mancomunidad de Municipios Beturia se muestran convencidos de que en la “readaptación y diversificación continua de sus fines, objetivos y materias de trabajo” radica la clave del éxito de estas entidades, lo cual ejemplifican con la que ellos dirigen, que inicialmente se centró en los servicios sociales, de ahí pasó a materias relacionadas con el desarrollo local, después se centró en la promoción de sectores económicos, saltó de nuevo al campo de los servicios sociales, “y ahora tendremos que dar otro salto, y dentro de unos años otro, y así sucesivamente”, afirma Santana. “Y es que en definitiva se trata de una entidad que necesita constantemente autoevaluarse y preguntarse hacia dónde va”.
Afirman que “la clave de nuestro éxito quizás haya estado en nuestra constante diversificación. Nunca hemos cerrado la puerta a ningún campo, siempre y cuando éste fuese bueno para los ciudadanos y para el territorio objeto de nuestra actuación”.
Tanto la presidenta de Beturia, como su gerente, se muestran esperanzados con el futuro de las mancomunidades ya que “el debate no está en mancomunidades sí o mancomunidades no, sino en cooperación sí o cooperación no. Y la respuesta está clara, en época de menos recursos, unidos conseguimos más que separados. La fórmula jurídica es lo de menos”.
Para Santana la clave radica en que sigan las que funcionen y, lógicamente, no sigan las que no son viables”.
En cuanto a Beturia, Ruiz asegura que su principal objetivo es ahora “seguir desarrollando el territorio en las materias más convenientes como turismo, cooperación transfronteriza, medioambiente, asuntos agroforestales, agricultura o servicios sociales. En eso trabajamos”, a lo que Santana añade que estamos en un momento muy importante porque el nuevo periodo comunitario que se está abriendo en estos momentos (2016-2022) “es una gran oportunidad que no podemos desperdiciar ya que precisamente ahora están empezando a salir las primeras convocatorias de ayudas”.
Afirma que en ellas la UE marca unas líneas mucho más concretas y temáticas, “las cuales estamos estudiando desde lo local para acceder a ellas”. Dichas líneas, detalla, se centran en innovación, medioambiente, empleo, patrimonio cultural, natural y etnográfico, cooperación con otros territorios, servicios sociales y modernización del sector primario consolidando los actuales regadíos, ampliándolos, y dando un paso más en la transformación de los productos agroganaderos fomentando para ello la industria agroalimentaria en los municipios de Beturia.
En líneas más generales, para la presidenta el futuro de Beturia pasa por seguir fomentando “el espíritu solidario que propició su creación hace 22 años y, en función de las necesidades de las personas y del territorio, poner sobre la mesa respuestas para satisfacerlas, buscando los recursos para ello donde sea”.
Más de dos décadas de proyectos
Beturia nació hace 22 años y está actualmente integrada por ocho municipios de la Costa, el Sur Andévalo y el Andévalo Occidental: Cartaya, San Silvestre de Guzmán, Villablanca, San Bartolomé de la Torre, El Granado, Villanueva de los Castillejos, Sanlúcar de Guadiana y El Almendro. El ente se creó en 1993 y su origen fue el trabajo en común que desde hacía años venían manteniendo los Ayuntamientos de Cartaya, San Bartolomé, Villablanca y Castillejos, destinado a impulsar los regadíos. Fue un trabajo previo para el desarrollo de un territorio con el objeto de poner en riego -y se logró-, los terrenos situados al norte del Canal del Piedras (los del sur ya lo estaban).
La experiencia no solo llevó a sus cuatro ayuntamientos a seguir colaborando, sino a dar un paso más institucionalizando en febrero de 1993 la relación entre ellos con la constitución de la mancomunidad, a la que se unieron los otros cuatro municipios.
La idea inicial fue trabajar en proyectos exclusivamente de índole social, lo cual, coincidiendo con la ampliación de horizontes que supuso la entrada de España en la Unión Europea, fue implementada al poco tiempo de nacer con programas de desarrollo local, a lo que finalmente acaba dedicándose durante muchos años. No obstante, en estos 22 años, también ha trabajado en materias como el turismo, la agricultura y, más recientemente, de nuevo en los servicios sociales a raíz de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Por otra parte siempre ha tocado cuestiones transversales como la formación, la orientación, el apoyo a las personas, a la formación para el empleo y al fomento del emprendimiento, entre otros campos.
