La Ley Electoral española impone un duro corsé a las administraciones públicas cuando los ciudadanos son convocados a las urnas. Es una máxima que se maneja con extremo respeto en los gabinetes de ministerios y consejerías: desde el día después de la publicación de la convocatoria en los boletines oficiales y hasta la misma jornada electoral está terminantemente prohibido inaugurar obras, lanzar campañas oficiales o realizar balances de de gestión que puedan confundirse con mera maquinaria de autobombo. Las limitaciones están contempladas en el artículo 50 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral General) y los gobiernos de turno se cuidan mucho de burlarlas.
Eso sí, siempre hubo atajos. La Junta de Andalucía ha encontrado al menos tres en las últimas semanas para colgarse medallas que a ojos de casi toda la oposicion camuflan un intento de cazar votos en puertas de la decisiva batalla de este domingo. No ha incorporado tramos de autovía a la red ni ha cortado la cinta en la puerta de entrada a un nuevo colegio pero el calendario, casualidades o no, casi solapa tres de las más importantes decisiones que ha tomado en los últimos meses el Ejecutivo con la decisiva campaña que precede al reparto de los 61 escaños al Congreso.
El último episodio ocurrió el pasado viernes. A menos de diez días para el 26J, PSOE y Ciudadanos anunciaban un acuerdo entre ambas formaciones para desbloquear uno de los mayores contenciosos que mantenían desde que pactaron hace un año la investidura de Susana Díaz: la rebaja del polémico Impuesto de Sucesiones y Donaciones. No participó la Junta sino el PSOE y además en el seno del grupo de trabajo que creó con el partido de Rivera en 2015, pero difícilmente se entendería que los representantes socialistas dieran el sí a la modificación sin las bendiciones de la Consejería de Hacienda, que tendrá que arañar de otros rincones del Presupuesto los millones que dejará de ingresar desde enero de 2017.
¿Medida electoralista o mera culminación en tiempo del trabajo? Cierto que Ciudadanos había advertido de que la reforma que eleva de 175.000 a 250.000 euros la cantidad exenta del gravamen en las herencias debía estar cocinada “antes del 30 de junio”. Casualmente, apenas cuatro días después del 26J. Desde las esquinas de ambas formaciones se han apresurado a desvincular el pacto para la rebaja fiscal de la vorágine electoral en la que están sumidos, pero en paralelo sacaron pecho para sacar rédito. C’s reclamó para sí de nuevo el pedestal desde el que clamar que ha logrado “lo que nadie en 35 años” y el PSOE celebró que saca adelante uno de los compromisos de Susana Díaz en su discurso de investidura.
Otros dos capítulos
En las antípodas, la oposición no lo tiene tan claro. El más explícito ha vuelto a ser el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, que acusa a su gran contrincante de “inundar la campaña de promesas que, una vez pasada ésta, vuelve a meter en el cajón”. El argumento que le sirvió de contraataque en la parcela del Impuesto de Sucesiones es idéntico al que ya enarboló el 2 de junio cuando la Junta, a una semana de empezar a pedir el voto, firmó la paz con los sindicatos de la función pública para, entre otras medidas, devolver a plazos y no antes de 2018 la paga suprimida en 2012 por la crisis y recuperar para los funcionarios desde enero la semana de 35 horas. Estrictamente fue fuera de campaña, pero el anzuelo estaba echado para los más de 250.000 empleados de la Administración.
El tercer episodio de esas supuestas casualidades en el calendario ha sido la reactivación a principios de mes, por fin, de la formación profesional para el empleo, congelada en 2011 por el escándalo del fraude. Volverá a beneficiar a desempleados y a cientos de empresas del sector. ¿Miles de votos en juego?
“Si no les gusta es que acertamos...”
La Junta de Andalucía parece tenerlo muy claro: que al PP no le agrade el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para rebajar el Impuesto de Sucesiones es el mejor síntoma de que se ha “acertado de pleno”. La voz del Ejecutivo autonómico la puso ayer desde Cádiz el vicepresidente Jiménez Barrios, que se encargó de recordar que la reforma era un compromiso asumido por Susana Díaz en su investidura para “ayudar a las clases medias”. El acuerdo es, a su juicio, fruto de “dos fuerzas políticas que quieren contribuir a paliar los efectos de la crisis”.
