A poco que te preocupe la sociedad en la que vives, en ti hay un sentimiento de que no funciona, una idea que te preocupa y que continuamente te hace buscar sus causas y los causantes.
A priori los políticos suelen ser los chivos expiatorios. Personas que nos convencen que son la solución a este problema y que se convierten automáticamente en responsables directos cuando sus promesas se incumplen.
No son pocas las ocasiones en las que logran atenuar los síntomas, pero la causa raíz del mal
que nos perjudica raramente la abordan; es la razón de su existencia, la causa de que los
necesitemos y sin ella se extinguiría su modelo de negocio.
Nuestro Estado de Derecho es un estadio avanzado de sociedad, fundamentado en normas jerarquizadas que se complementan y tratan de abarcar la totalidad de las complejas y dinámicas relaciones que creamos, mantenemos y extinguimos.
Atesoran la experiencia, la sabiduría de otras sociedades coexistentes o desaparecidas; un valioso
patrimonio que ha manado tanto de los éxitos en paz y prosperidad como de la sangre y el sufrimiento, el caos y la destrucción.
La base de nuestro ordenamiento jurídico es Europa, somos europeos, y sin duda es un hecho por el que sentir orgullo y felicidad. En teoría, deberíamos vivir como otros europeos, como aquellos que viven en municipios donde la ley se cumple y disfrutan de los derechos y servicios que pagan sus impuestos.
El porqué no es así aquí es la causa raíz de nuestro problema: retrasados. Este texto no puede abarcar todos los casos que sufrimos. A modo de ejemplo te expongo lo que ha sucedido con la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; derogada el 2 de octubre de 2016.
Su artículo 6 exponía nuevos derechos para los ciudadanos: fundamentalmente a relacionarnos electrónicamente con la Administración. ¿Por qué aún no podemos tramitar procedimientos electrónicos?
Esta ley establecía en su Disposición final tercera que antes del 31 de diciembre
de 2009 los ciudadanos podríamos ejercer esos derechos. Incluso permitía una prorroga
por imposibilidad presupuestaria, pero había que aprobar un programa y calendario que
garantizase su cumplimiento.
Han pasado siete años desde el plazo máximo y seguimos obligados a personarnos en el Ayuntamiento para realizar cualquier trámite. Lo mismo nos ocurre con la Mancomunidad, con los consorcios y otros entes públicos.
Hoy se están aprobando expedientes en nuestras administraciones que pueden
ser declarados nulos de pleno derecho. Procedimientos que requieren de un periodo de exposición pública para reclamaciones como: Presupuestos, Ordenanzas, Proyectos de Urbanización, Calificaciones Ambientales… deberían de ser expuestos electrónicamente en su totalidad, como así obliga el art. 13.1 d) y e) de la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía.
Los responsables de que vivamos en esta apariencia de legalidad son los trabajadores de las administraciones, ellos son los que están obligados a velar por el cumplimiento de las leyes en la actividad de lo público. Sin embargo, no ponen reparo a que se siga funcionando de esta manera y nos condenan a vivir retrasados.
