Lo contrario de lo que piensan los políticos, porque en política tampoco vale todo. Menos aún porque la política, como medio de gobierno, debería ser lo más respetuoso con los intereses de la mayoría. Y esos intereses exigen separación de poderes; seguridad jurídica, imposible sin independencia judicial. Para ser independientes, y parecerlo, los jueces y fiscales no deben ser nombrados, ni siquiera sugeridos, por el Gobierno ni los partidos. Porque no representan a esos partidos ni al poder político, están –o deben estar- para impartir Justicia desde la más clara y meridiana objetividad e imparcialidad. La Justicia está muy por encima de la legalidad, porque la Justicia es objetiva, aunque no siempre lo sea la judicatura, mientras la legalidad es temporal y no siempre justa. Conviene recordarlo cuando a menudo, como está ocurriendo, se recurre tan fácilmente a “cumplir las leyes”, sobre todo, y sospechosamente, por quienes se niegan a modificarlas para hacerlas más justas.
Rajoy está jugando. Ensayando en el filo de una navaja. Mide los apoyos populares en banderas, medida tan negativa como el de sólo el 30% de españoles. Porque eso supone que el 70% restante no lo quiere. Ahí reside el problema: la rapidez con que el Constitucional ha interpretado la Ley para satisfacer su necesidad, o con que otros/as jueces resuelven a su favor, contrasta con la lentitud que agobia al ciudadano. Para que luego se quejen de la falta de confianza generada. Sánchez y Cuixart no pueden ser “políticos presos”, porque no son políticos. En cambio, el único cargo probado es “organizar una manifestación”, cosa recogida y permitida por la Constitución, por tanto insuficiente. Los otros no son cargos, son suposiciones de la Juez, lo que al constatar la condena por sus ideas, les hace indefectiblemente presos políticos. Algo que ninguna democracia puede permitir, y Europa menos.
Pero Rajoy está ensayando. Busca el poder total, pleno. Desde la imposición de la ley mordaza, practica el autoritarismo, midiendo hasta dónde puede llegar, apoyado en la indiferencia mayoritaria. Sus medidas contra Cataluña, no son sólo eso: en tanto siga recibiendo legitimación por acción ú omisión de pueblo y medios, en su momento podrá aplicarlas, y no sólo contra otro independentismo. Una marcha de jornaleros, la reclamación de salarios más altos, o de puestos de trabajo, manifestaciones por una sanidad o enseñanza dignas, protestas contra la brutalidad policial; si se sienten respaldados por una legitimación de hecho, aunque sea más de silencio que de banderas, todo podrá ser respondido con actos dictatoriales como los empleados para impedir que la gente pudiera ejercer su derecho al voto. El PP necesita dominar todos los resortes del poder, imponer una dictadura real, con rostro de democracia, al estilo de otros dictadores africanos y asiáticos. Y lo necesita como único medio de ocultar la corrupción de muchos de sus miembros y del propio partido. Lo necesita para acallar, a cualquier precio, por cualquier método, toda la oposición, cualquier petición de responsabilidades. También por eso recibe el apoyo incondicional del partido de Sánchez y Díaz.
