La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía, ha acordado abrir cuatro nuevas piezas separadas para investigar las ayudas concedidas a SOS Cuétara, Hijos de Andrés Molina (Hamsa)-Primayor, Escayolas Saavedra y Yecom S.A., y Jerez Industrial S.A.
En una providencia, con fecha de 29 de enero de 2018 y a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que en las diligencias 174/2011 --causa matriz de los ERE--, "salvo error u omisión", aún consta por "desgajar" las ayudas relativas a 27 empresas. En la misma acuerda que se proceda a la incoación de las piezas sobre SOS Cuétara, Hamsa, Primayor y Jerez Industrial. En este último caso, indica que el Ministerio Fiscal ha presentado escrito en el que interesa la formación de la pieza separada.
De esta manera, la juez instructora ha dictado tres autos, con fecha de 30 de enero de 2018 y a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que ha acordado incoar diligencias previas en relación a las ayudas recibidas por estas Hamsa-Primayor, SOS Cuétara y Jerez Industrial, de conformidad con la resolución recaída en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en las diligencias previas 174/11 --causa matriz--, y confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial.
En estos autos la magistrada señala que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir "la posible existencia de una infracción penal". "No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, instruir diligencias previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y en su caso, el procedimiento aplicable", añade la juez María Núñez Bolaños.
Igualmente, en otro auto, con fecha de 29 de enero del mismo año y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada señala que en el Juzgado se han recibido las actuaciones que preceden en virtud de la Policía Judicial. Y acuerda incoar diligencias previas para investigar la ayuda a Escayolas Saavedras y Yecom S.A.
Por último, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, en un auto de 25 de enero del mismo año, acuerda el sobreseimiento y archivo de las actuaciones por el ERE de 2007 en la Sociedad Anónima Manufactura Española del Corcho (Samec) incluidas en las diligencias previas 174/11 --causa matriz-- y su remisión a la pieza separada que investiga la ayuda a Samec en las diligencias previas 2967/17, cuyo auto de incoación fue dictado por María Núñez el pasado 23 de enero y entre los imputados se encuentran el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, los ex directores general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez --imputación ya recurrida-- y Daniel Rivera o el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá.
DIVISIÓN DE LA CAUSA
En julio de 2015, cabe recordarlo, la instructora aceptó la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción y acordó dividir en tres grandes piezas separadas la causa, una petición a la que se opuso en reiteradas ocasiones la anterior titular del Juzgado, Mercedes Alaya.
Así, dividió la causa en tres piezas separadas, como son una relativa al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas; otra pieza con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas, y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas.
Esta decisión fue avalada posteriormente por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, que manifestó que la decisión de la juez de dividir la causa en piezas separadas está "amparada en copiosa jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo", y "se sustenta en argumentos tan relevantes como la complejidad de la causa en cuanto a la complicación en su tramitación".
Así, aseveró que, de mantenerse la causa unida, ello conllevaría "el riesgo de excesivas dilaciones hasta sentenciar aquellas parcelas de hechos de menor complejidad en las que, incluso, puede haber sujetos pasivos que tengan su patrimonio intervenido por vía de la adopción de medidas cautelares, o como la pérdida o debilitamiento de la inmediación necesaria para el dictado de sentencia cuando las sesiones del juicio oral se prolongan indefinidamente en el tiempo, entre otras más".
