La Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística (CALU), con sede en Córdoba, reclama el acceso "efectivo" al agua potable y al saneamiento después de que se cuenta con una normativa "farragosa y de difícil aplicación", que establece procedimientos "caros y lentos" que, "en no pocos casos, siguen impidiendo su ejercicio efectivo por las personas".
En un manifiesto, la coordinadora expone que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró en el año 2010 que "el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos", así como que es un derecho que "tiene toda persona, sin ningún tipo de discriminación, a disponer de agua suficiente, segura, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico".
Sin embargo, subrayan que "nueve años después, no solo se sigue con las mismas normas restrictivas para acceder a estos servicios, sino que cuando en el Parlamento de Andalucía se han dictado otras para sustituirlas, no se ha superado la condición de burdo remiendo inaceptable que perpetúa la situación de incumplimiento".
Al respecto, desde CALU ven "una vergüenza democrática" que las últimas modificaciones legislativas de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) "en lugar de encaminarse a un reconocimiento nítido de estos derechos, simplificando y abaratando su forma de implantación, se ha optado por una normativa farragosa y de difícil aplicación".
Asimismo, señalan que desde que en 1978 se aprobó la Constitución Española "es de aplicación su artículo 10, párrafo segundo", en el que se indicar que "las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con La Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España".
No obstante, los colectivos de parcelas advierten de que "cuando hoy día se solicitan licencias a la administración para acceder a estos servicios esenciales al amparo de cláusulas indeterminadas, se siguen denegando impunemente".
Es por ello que exigen que "estos derechos sean reconocidos como de aplicación automática e inviolable, eliminando por inconstitucional y contrario a los Derechos Humanos, cualquier norma restrictiva o de dudosa interpretación", a la vez que manifiestan que "no existe justificación para que, a estas alturas, no exista una norma de carácter imperativo, no susceptible de ser interpretada en sentido contrario, que establezca que ninguna administración pública, podrá jamás denegar el acceso a estos servicios a cualquier ciudadano".
En definitiva, la Coordinadora Andaluza por la Legalización Urbanística enfatiza que "ya es hora de que Andalucía y España se conviertan en un Estado de Derecho en toda su dimensión", porque "el agua y el saneamiento son un derecho humano", de manera que "el acceso a la cuantía mínima por persona no es negociable, ni restringible", defienden desde el colectivo de parcelas.
