La manifestación del pasado día 11 de septiembre contra la corrupción , bajo sospecha

Durante la celebración del Pleno Ordinario pasado, una concejal del grupo de los no adscritos e imputada en el caso Astapa ponía sobre la mesa un espinoso asunto; el de la violación del derecho constitucional de la presunción de inocencia durante la manifestación anticorrupción del pasado día 11 de septiembre, después de que se recorrieran las calles de la localidad para pedir, entre otras cuestiones, el abandono de los ediles imputados de la Corporación, pese a no estar condenados aún, según afirmó la edil.

Con estos argumentos resulta paradójico cuanto menos ver cómo personas sobre las que también recae la sombra de la sospecha, se erigen como firmes defensores de la anticorrupción, amén de otros muchos que sujetan una pancarta con total legitimidad.

Un incidente de nulidad, en el que se pide la imputación de David Valadez y Cristina Rodríguez, la moción en la que se solicita la devolución por parte de ésta última de las cantidades cobradas durante el período en que pudo haber incurrido en una incompatibilidad de funciones, un informe técnico, etc; demasiados documentos y asuntos puestos sobre la mesa en los últimos días que dirigen los objetivos de las dudas hacia demasiada gente que secundó la mencionada manifestación. En este sentido y teniendo en cuenta los argumentos de la edil pudiera parecer que la presunción de inocencia es aplicada depende para quien, después de que en los últimos días haya trascendido a la opinión pública el contenido de la primera incidencia de nulidad presentada en el juzgado que instruye el caso Astapa, en el que se solicita la imputación del alcalde de la ciudad, David Valadez, y de la edil socialista Cristina Rodríguez, asistentes a la manifestación.

Una construcción ilegal

Otra de las presencias a la manifestación en repulsa por la corrupción cuestionada, según las premisas de la edil, sería la la del jefe de Gabinete de Valadez, Luciano Sánchez, para quien la concejala no adscrita Marisa Rodríguez solicitó el pasado viernes su cese alegando el informe técnico que confirma la ilegalidad de la construcción de su vivienda sobre suelo protegido.

Un largo etcétera

La hija del aparejador que firmó la legalización de una construcción ilegal o una empleada de baja en el Consistorio por una tromboflebitis y que al parecer no puede ir a trabajar pero sí recorrer las calles del municipio, forman parte de una lista de personas que no debieron estar sólo por dignidad, sólo por no empañar una manifestación a la que muchos otros dedicaron tiempo y esfuerzo. El tiempo dará o quitará razones.