"Ningún copo de nieve en una avalancha se siente responsable". Stanislaw J Lec.
La crisis sanitaria va a tener un efecto devastador sobre la marca España a nivel mundial porque quedaremos estigmatizados por cuestiones como la falta de prevención y las cifras generales, nuestra tardía capacidad de respuesta a la hora de dotar de materiales al sistema sanitario y de los correspondientes test para medir el nivel real de infección y, en general, el aparente caos organizativo para responder de manera eficaz a una pandemia grave que se ha expandido como la pólvora con las cámaras en directo para todo el mundo. España está en el centro de la lupa del mundo y para mal. Hay que ser conscientes de que esto pasará una dura factura y más nos valdría ir tomando cuerpo al respecto porque si bien ahora andamos asustados y pendientes de la fecha del fin del confinamiento como meta, lo cierto es que lo grave vendrá después, cuando salgamos: tanto con respecto al comportamiento social en la manera de interrelacionarnos durante no sabemos cuánto tiempo como, también y sobre todo, en cómo vamos a actuar de manera conjunta para, sin despedazarnos, salir del hoyo profundo en el que por diferentes razones vamos a estar. Y como dice el dicho, Si quieres salir del hoyo, deja de cavar.
Hay cosas que necesitan tiempo para extraer una respuesta más o menos acertada, como pueda ser el por qué el virus se expande más en unos territorios que en otros, cómo actúa en según qué condiciones climatológicas y qué medios de contagio son los más propicios para él -en este sentido, la información contradictoria de la OMS está siendo un absoluto despropósito-. Otras, en cambio, saltan a la vista con solo querer verlas. Una crisis mundial, nacional, de esta envergadura pone a prueba al sistema administrativo y político porque, usando un símil futbolístico, entrenar a un equipo con buena plantilla que juega bien y gana lo hace casi cualquiera, lo dificultoso es hacerlo cuando juega mal y pierde; gestionar un país que trabaja, avanza, paga impuestos y rueda es relativamente plácido, pero cuando todo se va al garete y no había un mísero plan de prevención, de actuación, de nada en ningún cajón, quedan al descubierto las miserias del sistema, de un sistema creado por los partidos políticos, por todos, colapsado y plagado de un reparto competencial que la crisis sanitaria actual y económica inminente está mostrando lo que en realidad es y es un macro sistema administrativo híper-mega-súper-maxi triplicado y bastante inútil que solo viene a dar satisfacción y solución a las estructuras de las formaciones políticas y a los egos independentistas -separatistas hasta que necesitan ayuda- de algunos. Lo que está sucediendo nos debe hacer reflexionar profundamente; a políticos, que demuestran no estar a la altura y que recuerdan mucho más a presentadores de televisión que a gestores públicos, a un sistema competencial y administrativo por autonomías caótico e inútil y que se demuestra bastante ineficaz ante una situación límite, también a medios de comunicación que han entrado en modo pánico y guerra por bandos al estilo de sálvese quien pueda, no dejando atrás a los bulos y a los profesionales de la mentira, formaciones políticas sobre todo que infectan a la opinión pública con falsedades porque el sistema, también el jurídico, se lo permite. Solo el ciudadano confinado, obediente, comprometido, que a pesar de todo y de lo que le viene encima no pierde el sentido del humor, que aplaude todas las tardes y no se rebela ante nada, que mantiene a sus hijos encerrados y que, por desgracia, muere en dosis que deberían ser inasumibles y vergonzantes para cualquier conciencia nacional, está demostrando verdadera altura de talla. Por eso el aplauso de verdad, sonoro y largo, estruendoso, es para la gente metida en casa.
El sistema político territorial que nos dimos con la democracia es de las cosas más desconocidas por los españoles, de hecho nunca hemos llegado a tener claro qué competencias tiene cada nivel de administración pública y mucho menos interiorizado que si una administración no tiene competencia, no puede asumirla porque sería inconstitucional. Le exigimos al ayuntamiento actuaciones o decisiones que escapan a sus competencias y, disgustados, entendemos como una simple excusa la respuesta sobre que no es competente en esa materia. Es más, los partidos que están en la oposición suelen ser los primeros en hacer propuestas municipales a sabiendas -y si no lo saben es mucho más grave...- de que el ayuntamiento no las puede llevar a cabo, pero así logran que los ciudadanos reaccionen en contra del gobierno municipal, que, impotente, no puede hacer otra cosa que aguantar el tirón en este juego del engaño. Es la estrategia política que juega con el desconocimiento general sobre el reparto competencial y con la actual crisis del Covid-19 estamos presenciando algo parecido. Casi nadie sabía antes de declararse el estado de alarma quién tenía competencia para establecer medidas preventivas sanitarias y a partir del estado de alarma nos hemos creído que el gobierno es el que tiene todas las competencias porque si hay algo que sí tenemos interiorizado tras cuarenta años de dictadura es que el gobierno central puede hacer todo y es quien manda en todo. Cuando algunos partidos durante las dos primeras semanas del estado de alarma han repetido hasta la saciedad que el gobierno de Madrid tenía el mando único, nos lo hemos creído sin pestañear al desconocer las competencias de las comunidades autónomas y no tener la más remota idea que un estado de alarma no se las puede hurtar. En este estado de confusión nos hemos movido, provocado en beneficio de unas administraciones autonómicas que veían felices cómo nadie apuntaba a ellas en la parte de responsabilidad que han tenido, tenían y tienen. Porque cuando las competencias están repartidas entre varios miembros de un equipo, todos tienen corresponsabilidad, cada uno la suya.
La prevención: con fecha 7 de enero de 2020 las autoridades chinas identificaron el brote del nuevo virus. El 30 de enero la OMS declaró la emergencia en salud pública de importancia internacional y el 11 de marzo declaró la pandemia. El 31 de enero en La Gomera se registra el primer contagiado en España. El 14 de marzo el gobierno central declara el estado de alarma con 5.753 casos de contagios y 136 fallecidos. Desde el 30 de enero al 14 de marzo se puede debatir mucho sobre la ausencia de medidas de prevención en nuestro país, incluso la ausencia de acopio de mascarillas, guantes, batas y respiradores, pero durante ese periodo la administración competente para ello, según establece la Constitución y refleja cada uno de los Estatutos de Autonomía, son cada una de las comunidades autónomas que, como autoridad sanitaria, pueden y podían haber adoptado las medidas preventivas necesarias. Los hospitales, su organización, su personal y su material médico y preventivo dependían de ellas. Del mismo modo el cierre de establecimientos públicos -colegios, bares, comercios, instalaciones deportivas...- sólo ellas lo podían acordar. Por su parte, los ayuntamientos podían ordenar el cierre de sus instalaciones municipales y medidas preventivas para su personal y nada más y el gobierno central, por su parte, pudo declarar el estado de alarma con anterioridad y así prevenir, porque sobre esto es el único competente, cosa que no hizo y evitar así la manifestación política del 8M porque contaba con información suficiente de expertos, esos mismos a los que ahora se acoge, que exponían la inconveniencia de esa celebración y de cualquier otra de ámbito masivo. Pero le pudo más la pancarta.
También debió insistir con tenacidad porque para eso es nada menos que el Gobierno sobre recomendaciones a las comunidades autónomas y a la población. Pero lo cierto es que aunque desde el 30 de enero estaba declarada la emergencia de salud internacional, las 17 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas no adoptaron medidas hasta los días previos al estado de alarma. Madrid fue la primera, el día 6 de marzo -que ya contaba con 3 fallecidos y 137 contagios-. Le siguió la comunidad valenciana el 9 de marzo. La Rioja y Asturias el 10. El 11 de marzo adoptaron las primeras medidas Canarias, Castilla y León, Cataluña y Extremadura. El 12 de marzo Baleares, Navarra y Galicia. El 13 de marzo Andalucía, Aragón, Murcia, Castilla la Mancha, Cantabria, País Vasco y Ceuta y, finalmente, Melilla el 14 de marzo. Y desde luego ninguna se había preparado con acopio de mascarillas y epis. Los españoles no quisimos hacernos a la idea de lo que estaba pasando y a quien se lanzaba a comprar mascarillas lo tomábamos como un hipocondríaco, nos topamos con la cruda realidad durante esa semana y, sobre todo, con el estado de alarma. Del mismo modo, ninguna de las administraciones públicas quisieron darse por aludidas, quizás el peso de no crear el pánico en la población, junto con la presión de los sectores económicos, hicieron postergar la aplicación de medidas. La prevención falló y en esto las máximas responsables fueron las administraciones autonómicas, las competentes para ello, sin dejar atrás en ningún caso el hecho de que al gobierno de Pedro Sánchez en esa fase se le hace responsable de haber declarado el estado de alarma tarde y de haber coordinado la crisis desde entonces de manera irregular, dando tumbos a veces en la toma de decisiones o en la puesta en marcha de estados de confinamiento, censurando ruedas de prensa de manera ciertamente bochornosa, no compareciendo en el Congreso -como tampoco lo hacen comunidades autónomas con regularidad salvo Cantabria y Navarra y lo que si hacen todos es cobrar su salario sin reducciones-, y no dando explicaciones en su manera de proceder salvo en inagotables ruedas de prensa con escaso fundamento y manteniendo un distanciamiento con líderes de otras formaciones en un momento en el que todo gobierno, del color que sea, deber trabajar en pos de la unidad y no al contrario.
El estado de alarma, regulado por la Ley orgánica 4/1981 y declarado por Real Decreto 463/2020, respecto a la sanidad, no suprime las competencias de las comunidades autónomas, que eran y siguen siendo la autoridad sanitaria territorial. Nunca podría haberlo hecho porque no es posible modificar el reparto competencial constitucional y estatutario. Lo que se acordó en el artículo 12 de la declaración es que las autoridades sanitarias autonómicas quedarían bajo las órdenes directas del ministro de Sanidad en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares; también se reservaba facultades para garantizar la cohesión y equidad entre todas las autonomías. Pero dejando claro que las comunidades autónomas mantenían la gestión de los correspondientes servicios sanitarios, competiéndoles asegurar su adecuado funcionamiento. Por tanto, a partir del estado de alarma la administración autonómica debió y pudo comprar mascarillas y epis y el gobierno central encargarse de reforzar el acopio y garantizar que en todos los puntos del país pudiera cubrirse la necesidad, con ayudas económicas y con distribución directa para completar las necesidades no cubiertas en las distintas autonomías. Del mismo modo, se ha hablado mucho de la transparencia en la información de los datos y en este sentido el 15 de marzo el ministro dictó una orden que obligaba a las comunidades autónomas a facilitar al gobierno central los datos globales, por provincia y por centros hospitalarios cada día. Lo cual ha sido modificado en una orden de este viernes, para evitar la diferencia de criterios, mediante la cual se detalla con profusión los datos que diariamente las autonomías han de facilitar al Ministerio de Sanidad porque esos datos salen de los hospitales y su gestión es autonómica. Con los test, del mismo modo es competencia autonómica su adquisición y uso y responsabilidad del gobierno central garantizar que todas las autonomías puedan contar con los suficientes. Igualmente, los centros públicos de residencia de mayores son competencia de la administración autonómica, ni de los ayuntamientos ni del gobierno central. Por lo tanto, nos equivocamos si en el tema preventivo y en la gestión sanitaria obviamos la responsabilidad de las autonomías, hay una corresponsabilidad de ellas y del gobierno de la nación y sólo con perspectiva podremos valorar el grado de acierto o error de cada una de estas administraciones.
La crisis económica derivada de las medidas adoptadas por el estado de alarma sí compete al gobierno de Sánchez porque es una competencia exclusiva del gobierno de la nación la dureza o flexibilidad y el plazo de aplicación de las medidas adoptadas. Otra cosa es valorar si las medidas han sido necesarias, oportunas, convenientes y su duración, o si hubiera habido otras posibles menos negativas para la economía nacional. Lo cual, en cualquier caso, le va a pasar factura. Después, la gestión de la crisis, levantar la actividad económica competerá fundamentalmente al gobierno central y a las comunidades autónomas, aunque el mayor peso lo soportarán los ayuntamientos por la cercanía al ciudadano pese a que las competencias municipales no dejan casi margen de acción para favorecer el repunte económico, además de que los propios ayuntamientos son las administraciones que más van a sufrir el desastre económico y siempre son el nivel de administración más olvidado. Al que nadie atiende, al que nadie llama, al que a veces tratan como al hermano pequeño o pobre, pero al que se cuelga el ciudadano desesperado por una simple cuestión de cercanía.
La INEFICACIA del sistema territorial español ahora aflora evidente porque en una situación como la que vivimos lo que hace falta es unidad y no una España dividida en 17 autonomías, 2 ciudades autonómicas y una administración estatal, cada una con sus competencias, gobernadas con distintos signos políticos, gestionadas con distintos criterios y donde se utiliza la política para crear enfrentamientos, ocultar responsabilidades propias, atacar al de enfrente y usar al pueblo confinado y preocupado y, por tanto, psicológicamente propicio a comprar mensajes populistas y bulos mal intencionados, en lugar de remar todos en la misma dirección para dejar las valoraciones y críticas una vez acabada la crisis sanitaria. No es eficaz ni lógico que cada comunidad pueda tomar distintas decisiones, no es de recibo que incluso en el tema educativo los niños vayan a tener un Plan en 13 autonomías y otro en 4. La sensatez parece que nos lleva a concluir que ámbitos como el sanitario y el educativo, también el fiscal, debería centralizarse en el Estado o, al menos, los criterios a seguir y que los españoles no pensemos, como ahora más que nunca, que nuestro sistema territorial con administración central, autonómica, provincial -desaparecida en esta crisis- y municipal parece que sólo sirve para que haya más reparto de sillones políticos y más aparatos burocráticos que llenar con puestos de trabajo públicos, mientras ni tan siquiera tenemos mascarillas de tela barata cuando un brote de virus se instala en nuestras vidas.
