La vida de esta mujer de 59 años no ha sido precisamente un remanso de paz y alegría. Los problemas que ha sufrido desde que se separó de su marido han sido una constante que ha encontrado en un tremendo error de la Junta de Andalucía la gota que colma el vaso.
María Jesús Iglesias García habita el piso 1º B del bloque 20 de la calle San Juan de la Cruz de Arcos, una vivienda social de alquiler en la que se aloja desde 1985. Accedió al piso por la difícil situación económica en la que se encontraba y sobre todo porque su anterior vivienda apenas reunía condiciones de habitabilidad. Pagar entonces algo más de 3.000 pesetas al mes no resultaría difícil, ahora unos 26 euros mensuales. Sin embargo, y tras haber pagado el alquiler tradicionalmente “por ventanilla”, decidió domiciliarlo en el banco por comodidad. Debido a una mala racha, se le quedaron atrasados varios recibidos destinados a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), perteneciente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta. Este organismo público el reclamó 233 euros, a cuyo pago accedió sin problema alguno. De hecho, era la primera vez que se le quedaba unos recibos atrasados.
No obstate, ante el retraso del pago de estos recibos, desde la EPSA se pudo emitir una orden ejecutada a través de la Policía Local para que ésta comprobara si María Jesús Iglesias ocupaba realmente el inmueble objeto de la reclamación económica.
En julio pasado, esta mujer recibió una correspondencia de la EPSA que no entendió muy en un principio. En realidad, se le comunicaba que estaba en un proceso de desahucio como consecuencia de no habitar la vivienda pública que le fue adjudicada hace casi treinta años. Nada más lejos de la realidad, María Jesús suele estar poco tiempo en su vivienda por la sencilla razón de que trabaja como cuidadora y acompañante de una señora de avanzada edad del mismo barrio donde vive, en María Auxiliadora. La familia de la anciana ha certificado este hecho ante la EPSA, como también lo han hecho el defensor de la Ciudadanía de Arcos, José Antonio Salas, y posteriormente el Ayuntamiento a instancias del segundo.
María Jesús Iglesias habló con la oficina de desahucios de la EPSA, en la que le comunicaron que la desahuciarían por haber abandonado la vivienda e irse a vivir con otra familia. En ese momento, la invadieron los nervios y la desolación... Se vio sin casa. Ante su insistencia delante de una administrativa, se le requirió para presentar los recibos de consumo de agua y luz para demostrar que su vivienda estaba siendo habitada. Para colmo, recibió una nueva comunicación de la EPSA en la que se le explicaba que el consumo en estos conceptos era muy bajo, es decir, que seguían sosteniendo que la vivida estaba deshabitada.
A partir de ahí, la familia de la anciana que cuida legalmente -María Jesús dispone como pocos de un contrato como empleada de hogar- apoyó a la afectada en su causa. Asimismo, visitó a la Policía Local para explicarle su caso e instarla a comprobar que habitaba la vivienda.Igualmente, recurrió al defensor de la Ciudadanía buscando una solución que felizmente ha encontrado.
El 31 de julio de este año, la EPSA le envió otra carta en la que recibió contestación de las alegaciones presentadas. En agosto, la misma empresa pública le reconoce que ha ingresado lo poco que debía de renta, esos 233 euros. El 13 de agosto, María Jesús envió nuevamente a la EPSA información sobre su situación laboral para justificar que no ocupara la vivienda todo el día, entre otros motivos porque pernocta durante seis noches a la semana en la vivienda de la mujer a la que cuida.
El pasado lunes María Jesús recibió una última carta del gerente de la EPSA en la provincia de Cádiz en la que se reconocía que se abrió un expediente de desahucio contra la afectada por una serie de factores que en un principio fueron considerados como probatorios de que la susodicha no destinaba la vivienda en cuestión a domicilio habitual, lo cual hubiera supuesto la violación de las normas por las que se rige la adjudicación de viviendas de alquiler de la Junta. Igualmente, aunque en este caso con algo de razón, la EPSA esgrimía en el documento la falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento.
Pero como feliz noticia, el gerente de la empresa emitió sobreseer el caso entendiendo que la ausencia de María Jesús de su casa estaba suficientemente justificada por razones laborales y que, efectivamente, ya se encontraba al corriente del pago.
En conclusión, el hecho de que la empresa pública no se cerciorara sobre la habitabilidad de su vivienda de la calle San Juan de la Cruz acabó en un tremendo error que a su vez pudo desembocar con un desahucio injusto. Desde julio, María Jesús ha vivido con el corazón en un puño, pensando que podría perder lo único que tiene, sus cuatro paredes y donde un día vivió felizmente con sus tres hijos, hoy emancipados.
Esta mujer mira con agradecimiento a la oficina del defensor de la Ciudadanía que, como éste, ha podido solucionar o al menos mediar en más de un caso. Ahora espera olvidar este nuevo mal trago que se suma a sus problemas familiares y conyugales por los que ha atravesado en su vida. En sus ojos de mujer infeliz, una carta le ha devuelto el aliento y cierto sosiego.
“Es una mujer sencilla que ha vivido una situación de zozobra”
Nada más conocer el decreto emitido por el gerente de la EPSA en la provincia, el defensor de la Ciudadanía de Arcos, José Antonio Salas Sánchez, ha mostrado su satisfacción y alegría por el final feliz de esta historia de errores y despropósitos que ha compartido junto a la afectada. En su oficina se implicaron en el problema de desahucio que pesaba sobre María Jesús Iglesias y actuaron ante el Ayuntamiento y otras instancias. El propio defensor señalaba a este medio que “en medio de tanta crisis, tanto sufrimiento y malas noticias, estamos muy contentos porque se ha resuelto felizmente el caso de esta mujer, que ya puede estar más tranquila. Es una mujer sencilla que ha vivido una situación de zozobra y de angustia, un tipo de persona que no está acostumbrada a este tipo de sobresaltos. Personalmente, estoy muy contento, pero sobre todo debe estarlo María Jesús”. El defensor de la Ciudadanía tramita cientos de expedientes en Arcos con casos en los que teóricamente el ciudadano sufre una indefensión de las administraciones. A finales de año, en teoría, saldrá a la luz pública el informe o memoria del año en curso con aquellos casos que ha abordado su oficina.
