El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Barbate ha mostrado su oposición a la reforma planteada por el Ministerio de Justicia en base a la ley 20/2011 sobre los registros civiles. Según esta legislación, que entró en vigor el pasado 1 de julio, tan solo se mantendría una oficina de Registro Civil en cada Comunidad Autónoma, añadiendo otra por cada 500.000 habitantes. Esto supondría el cierre de la de Barbate, ubicada en las dependencias judiciales en la Avenida del Mar.
El Pleno de la Corporación ya refrendó por unanimidad en su sesión del mes de julio una moción en la que se oponía formalmente al cierre de la oficina del Registro Civil de Barbate, consensuada con los propios trabajadores de dicho departamento. Esta medida alejaría la administración de la ciudadanía, que se tendría que desplazar para realizar sus trámites o acudir a gestorías o despachos profesionales, conllevando un gasto añadido. Además, supondría un deterioro en la dinámica social y económica de los medianos y pequeños núcleos de población, como es el caso de nuestra localidad. No está garantizado, incluso, que los vecinos pudieran seguir inscribiendo a sus hijos e hijas como nacidos en la localidad cuando nacen en los hospitales comarcales o provinciales, provocando, a medio plazo, la inexistencia de personas nacidas en el municipio.
Según el alcalde de Barbate, Miguel Molina, “se trata, desde nuestro punto de vista, de una reforma alejada de la sociedad”. Por tanto, el regidor considera que “es comprensible, por tanto, que nos opongamos a semejante pretensión, que tendría como consecuencia un grave deterioro del servicio público, eliminando recursos y suprimiendo empleo, además de las molestias que ocasionaría a la ciudadanía”. “Entendemos que estas leyes se aplican en términos específicos, pero Barbate siempre se queda aislado por su propia geografía, y sería considerable que nuestro Registro Civil se mantuviera abierto para evitar molestias innecesarias a nuestros vecinos” sentenció el alcalde.
