Los servicios jurídicos de Sport City Cádiz, sociedad anteriormente conocida como Indanspo, propietaria de la finca que ocupan la antiguas instalaciones de Delphi en Puerto Real y en la que prevé el desarrollo del proyecto de la ciudad tecnológica del deporte de la mano del club cadista, ultima la petición de amparo ante la Audiencia Nacional ante la falta de respuesta del Ministerio de Fomento al recurso presentado contra la ampliación de la delimitación de espacios y usos portuarios que concluiría con la expropiación de los terrenos en favor de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).
En el documento, la firma insistirá en que no existe motivo alguno que justifique la voluntad expansionista del organismo público que preside Teófila Martínez, que dispone de 213 hectáreas de espacios destinados a almacenamientos de graneles y que el volumen de tráfico de estos ha ido descendiendo, tal y como han puesto de manifiesto la Dirección General de la Costa y el Mar y los tribunales de cuentas europeo y español. Asimismo, recuerda que el Tribunal Supremo anuló en 2009 y 2017 las dos reservas de dominio público instadas de suelo situado en el espacio que integraban Las Aletas argumentando que el Puerto estaba sobredimensionado.
Pero Sport City Cádiz carga las tintas especialmente en que la APBC pretende tramitar la expropiación para el desarrollo del proyecto con la oposición de los vecinos de los barrios aledaños, del sector universitario y del Ayuntamiento de Puerto Real, debido al impacto ambiental y en la salud del almacenamiento de los graneles en los terrenos, dada su cercanía con espacios protegidos como la Isla del Trocadero, el campus de la Universidad de Cádiz (UCA) y zonas residenciales como la barriada del Río San Pedro.
Por último, la sociedad destaca que, desde el punto de vista de la utilidad, en el desarrollo, la creación de empleo y la generación de riqueza en la zona de El Trocadero, la iniciativa patrocinada por Teófila Martínez, con el establecimiento de un almacén de graneles, peligrosos y, en ocasiones al descubierto, no tiene el mismo impacto que una ciudad deportiva en el marco de un proyecto innovador y tecnológico que incentive la inversión en toda la zona.
En este sentido, el documento que se remitirá a la Audiencia Nacional subraya que la pretensión expropiatoria de la APBC supone una limitación al crecimiento y desarrollo poblacional, económico y social de la zona que no puede sino conllevar su aislamiento y paulatina transformación en un gueto.
Cabe recordar, que los abogados de Sport City Cádiz han acusado igualmente a la APBC de usar la posibilidad de expropiación en los últimos años para interferir en el precio del terreno, adquirido en subasta pública.
